Por Carlos Luppi
La Federación Rural (FR), integrante del sector patronal que más se ha beneficiado durante los últimos once años de bonanza económica, solicitó al gobierno la postergación del pago de las cuotas de capital de sus deudas bancarias por dos años, y exoneraciones impositivas. La Asociación Rural se desmarcó, pero pidió rebajas en tarifas y combustibles. Si no fuera risible, el pedido de la FR podría ser tomado como una burla sangrienta al resto del país, o como una confirmación, por parte de un sector conservador y enemigo del Frente Amplio, de que la lucha de clases proclamada por Karl Marx está vigente y es legítima.
En 2014, según el Instituto Uruguay XXI, Uruguay exportó bienes por U$S 9.178 millones. Entre los quince primeros productos se ubicaron: soja (17,7% del total); carne bovina (16%); lácteos (9%); madera (7,8%); arroz (5,5%); cuero 3,6%, trigo (3,4%); lana (2,8%); despojos de carne (2,6%), y malta (2%). Según el último Anuario Estadístico Agropecuario, publicado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): “La producción agropecuaria protagoniza en la economía del país un notable rol en sus exportaciones, al punto de constituir el 75% en valor para el año 2013, comprendiendo todas aquellas que se basan en materias primas generadas por el agro. La dinámica que ha caracterizado al agro uruguayo particularmente en los últimos diez años, ha estado asociada a significativos cambios estructurales de los sistemas de producción, generándose ajustes en la propiedad de la tierra, en su valor y en el de su arrendamiento así como en la ponderación de los rubros comprendidos en la matriz agraria nacional”.
Efectuando un cálculo somero, si tomamos 75% de U$S 9.178 millones tendremos U$S 6.883,5 millones que, tomando una rentabilidad, acaso conservadora, de 35% (hay que ver que ya no pagan detracciones, como pagaron en los gobiernos blancos y colorados), nos deja la suma de U$S 2.409,5 millones de excedente. Nadie duda en Uruguay de que los productores agropecuarios son grandes beneficiarios de los últimos once años de excepcional bonanza económica, explicada, en gran parte, además de por la solvencia del manejo macroeconómico y la firmeza de nuestras instituciones, por el crecimiento explosivo de la demanda y precios de los productos provenientes de ese sector. Menos lo dudan –más bien lo confirman– quienes atienden consultas de inversión provenientes de integrantes del afortunado sector que, virtualmente, ya no sabe qué hacer con su dinero, porque han comprado hasta los bienes más exóticos y refinados como villas en el Lago di Como y en los cantones suizos. Tampoco parece descaminado buscar en esos mismos felices mortales (que ahora tienen sus páginas sociales en diarios y semanarios, donde pueden exhibirse jugando al polo o al golf, deportes que, precisamente, insumen mucho tiempo de ocio) a los dueños de los U$S 8.025 millones (eran U$S 934 millones más, U$S 8.959 millones a principios de 2014) que, oficialmente, suman los depósitos de uruguayos en instituciones financieras del exterior, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) que registra, no olvidemos, las inversiones “en blanco” y no puede exponer, naturalmente, ni las colocaciones en “paraísos fiscales”, o en compra de bienes como fincas con sus mobiliarios y automóviles o bienes de gran valor (joyas, esculturas, pinturas), que pueden ocultarse en cajas fuertes, por citar apenas dos ejemplos. Algún observador ha calculado que el valor total, acumulado a lo largo de décadas, tiene que ser de entre 7 y 10 veces esa cifra, lo cual se acercaría al valor actual de nuestro PIB. En todo caso, tampoco parece factible que esos U$S 8.025 millones confirmados (13,96% del PIB total de U$S 57.500 millones) hayan salido del bolsillo de los jubilados o de los trabajadores, dentro de los cuales, según reciente informe del Instituto Cuesta-Duarte del Pit-Cnt, 690 mil –41,5% del total de asalariados– ganan menos de $ 15 mil, en tanto que 140 mil trabajadores perciben menos del mínimo nacional, unos $ 7.168. Sin embargo, ninguno de los sindicatos ha planteado dejar de pagar masivamente sus obligaciones bancarias: sólo lo hacen “los señores de la tierra”.
Sin duda, entre estos atribulados empresarios que piden no honrar sus deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay (porque lo pidieron al gobierno, y nadie ha aclarado si hicieron la misma solicitud a los bancos privados) por dos años (plazo en el cual “creen” que se recuperarán los precios de los commodities, que los atormentan) debe estar buena parte de los afortunados uruguayos que han colocado 14% del PIB de Uruguay en el exterior. Asombra también que el pedido provenga de la Federación Rural, orgullosa institución firmante del célebre “Documento de las cinco cámaras” del 8 de agosto de 2014, que no reconoció ningún logro en los gobiernos del Frente Amplio y lo cargó con la culpa de todos los males del país, y del que nadie hasta el momento se ha retractado. Pero vamos por partes.
El planteo y el desmarque de la ARU
El 22 de abril tomó estado público que, durante la Expoactiva realizada en marzo pasado en Soriano, la cúpula de la FR, encabezada por su titular, Carlos Uriarte, solicitó informalmente a las autoridades gubernamentales que el gobierno tramitara diferir las amortizaciones de los pagos de capital (no así los intereses) de las deudas de los productores rurales con la banca. Si bien los términos no han sido explicitados, es obvio que se referían al Banco de la República, ya que sería demasiado –y seguramente no pertinente– que las autoridades llevaran ese pedido de moratoria a los bancos privados. La FR habría argumentado que considera que en dos años se habrán recuperado las actuales condiciones. Trascendió que la Federación Rural también pediría al gobierno la exoneración del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) a los productores familiares, y que se acentúe el aumento del dólar. Los pedidos tendrían como argumentos centrales la actual sequía y la muy promocionada caída prevista en las exportaciones de soja (cuyo precio ronda los U$S 350), por un monto de U$S 800 millones. Sin embargo, además de lo extemporáneo del planteo de una moratoria de pagos por parte de una de las gremiales más ricas del país (que, reiteramos, se ha beneficiado fabulosamente en estos últimos once años, y no tiene por qué dejar de hacerlo, dado que el FMI y la Cepal estiman un crecimiento del PIB de entre 2,8% y 3% para este año), es sencillamente increíble que no se haya tomado en cuenta que el valor de los dólares que los señores exportadores reciben pasó este año de menos de $24 a más de $27, y son el propio ministro Danilo Astori y el presidente del BCU, Mario Bergara, quienes afirman que la divisa seguirá al alza, más allá de que una fuente tan autorizada como el doctor Gabriel Oddone, de CPA/Ferrere, haya señalado que el TCR de equilibrio se situaría en $33, y que nuestro país sufre notoriamente los efectos de la macrodevaluación brasileña (en curso) y de las devaluaciones del resto de sus principales clientes comerciales. El gobierno nacional ha reaccionado en forma racional ante la “tormenta perfecta” que afecta nuestro contexto externo, dejando que se aprecie el valor del dólar y reafirmando el compromiso de mantener el poder adquisitivo real de salarios y jubilaciones, lo que implica no seguir la consigna del FMI y de nuestros neoliberales, en el sentido de desindexar sueldos y pasividades. Todos los sectores atraviesan hoy alguna restricción, y ello surge de las propias palabras del ministro Astori, que no se cansa de afirmarlo para justificar la elaboración de un Presupuesto Nacional caracterizado por la “cautela fiscal”. Pero el único sector de la economía nacional que ha pedido diferir sus pagos al Brou es la FR. No han sido los pequeños empresarios en dificultades ni los gremios de trabajadores o de jubilados. Un hecho para nuestra peor historia.
El bochorno de la FR fue todavía peor cuando su hermana mayor y más rica, la Asociación Rural del Uruguay expresó, por boca de su presidente, el ingeniero Ricardo Reilly Arrarte, que “no tiene ese tema [el pedido de moratoria] en su agenda”, seguramente sorprendido. Reilly no ha estado precisamente omiso en sus funciones. El 17 de abril, en Expo Melilla, hablando ante el vicecanciller José Luis Cancela, señaló su preocupación por los altos aranceles que paga Uruguay y manifestó que, según el Departamento de Estudios de su gremial, el valor del dólar se encuentra 36% por debajo del promedio de los últimos 38 años, y que “debería ubicarse entre $30 y $32 para tener el nivel de competitividad que necesita el país”. También consideró imprescindible mejorar el nivel de aranceles que Uruguay paga por la carne. Señaló que no debe abandonarse el Mercosur, pero sí explorar el acceso a otros bloques. Se mostró optimista en relación a las oportunidades presentes y futuras de nuestro país, y afirmó que el mundo seguirá demandando alimentos en forma creciente. Reilly se mostró asimismo contrario a la intervención estatal en la fijación de precios, y defendió la libre exportación de ganado en pie. Lo que no se le pasó por la mente fue pedir una moratoria en las obligaciones de sus asociados.
Las respuestas del gobierno
El 23 de abril, la delegación de la ARU, integrada por Miguel Martirena, José Bonica y un asesor contable, y presidida por Reilly Arrarte, fue recibida en el Ministerio de Economía por el ministro Danilo Astori (que llegó tras haber asistido al Consejo de Ministros, donde insistió fuertemente en la necesidad de un presupuesto austero), el subsecretario Pablo Ferreri y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller.
Reilly comenzó manifestando que el sector ha sido el motor económico del país, señaló el cambio de escenario y marcó el desacuerdo de su institución con pedir exoneraciones de impuestos o no pagar obligaciones, pero planteó la preocupación por la situación climática y el contexto internacional, además de las necesidades en materia de infraestructura. Propuso que se estudien cambios en la inserción internacional y que se tomen medidas que afecten al sector por el lado de los costos, como bajar el precio de los combustibles y de las tarifas públicas, a efectos de no perder competitividad. También reconoció la mejora en dicho campo a partir del aumento del tipo de cambio, y solicitó la eliminación del aporte del agro al subsidio del boleto urbano, que costaría unos U$S 130 millones. Se reiteró además la oposición a aplicar el Impuesto de Primaria a los inmuebles de más de 300 hectáreas.
Actuando como vocero del MEF ante la prensa, Pablo Ferreri señaló que la morosidad en el sistema financiero es muy baja (en el Brou se ubica en 2%) y que en la actual situación no es necesario dilatar pagos –con lo que puso fin al insostenible planteo de la Federación Rural–, y que se estudiarían los planteos formulados por la ARU. Ferreri afirmó que la reunión con la ARU “fue muy buena y con coincidencias”, y que “hay que proteger los avances de Uruguay en materia económica y social de los últimos diez años”. Admitió que se debe “mejorar la infraestructura, tener redes vial y ferroviaria potentes y desarrollar una política de inserción internacional que permita generar nuevos mercados o potenciar los que están abiertos”, y recordó que Uruguay exporta actualmente a 178 países (una diversificación de mercados que lo fortalece).
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El precio de la tierra aumentó 12% en un año
Un informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP informó que en 2014 se realizaron 1.257 operaciones de compraventa de tierras de uso agropecuario (33% menos que en 2013), por una superficie transada total de más de 178 mil hectáreas (52% menos que el año anterior). El monto de dichas operaciones fue, en 2014, U$S 702 millones, con un precio promedio de U$S 3.934 dólares por hectárea. Ello representa un aumento de 12% en comparación con 2013, cuando fue de U$S 3.519 dólares, continuando la tendencia creciente en el precio de la tierra que se viene dando en forma ininterrumpida desde 2003. Los departamentos con más superficie vendida fueron Rivera, Cerro Largo y Lavalleja, que acumularon ventas superiores a 56 mil hás. y U$S 171 millones, 24% del monto total de operaciones. Soriano, San José y Río Negro registraron los precios medios más altos, con U$S 6.995, U$S 6.667 y U$S 6.264 dólares. Desde el año 2000 se registraron 33.749 operaciones por un total de casi 7.7 millones de hectáreas vendidas, sobre un total de 16 millones de hectáreas disponibles en el país (48,12%). El precio medio de la tierra es más de 10 veces el de 2002, según el informe.
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Reforma constitucional por la tierra
En febrero de 2013, el entonces presidente José Mujica, tras haber afirmado en la Cumbre de Celac que “vivimos en un mundo donde se especula con lo más sagrado que tiene el hombre para mantenerse vivo. La supuesta libertad financiera se transforma en especulación y es un peligro para la economía real”, declaró a la prensa, con evidente fastidio, que “a la inflación la vamos a sujetar. Yo me crié en un país que tenía 70% u 80% de inflación”. Mujica restaba así importancia al tema. En una audición de M24, el entonces primer mandatario se centró en la concentración de tierras con objetivos especulativos. Criticó la especulación que realizan grandes terratenientes (dio ejemplos) que mantienen grandes extensiones inútiles. Y convocó a “encontrar modificaciones en el campo del Derecho” para evitarla. “Nosotros nos encontramos con situaciones como ésta. La mitad de las tierras que tiene la lechería en este país, unas 400 mil hectáreas, son arrendadas. Pagan una renta, y estos fenómenos de brutal concentración especulativa están de hecho haciendo operar a la suba en el mercado, creándole a la gente que trabaja desafíos de cifras imposibles. […] Este plusvalor lo paga alguien, y en este caso lo pagan los arrendatarios que tienen un pedazo de campo para sostener unas vacas lecheras o para la agricultura. Hay una diferencia enorme entre el riesgo productivo, entre la gente que trabaja, arriesga y se esfuerza, y esa aventura especulativa, sentado en un escritorio, manejando números para un lado y para otro. El país debería conocer y difundir estas cosas. […] No hablo de ilegalidad […]. Tratemos de encontrar modificaciones en el campo del Derecho, la legalidad, dentro del funcionamiento institucional”, concluyó. El lunes 18, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) para el primero de los 127 recursos presentados. Sin perjuicio de señalar que “lo primero que tenemos que aclarar es que las decisiones de la Justicia en un Estado de derecho hay que obedecerlas. Eso está afuera de cualquier discusión”, Mujica, remitiendo a José Batlle y Ordóñez, sostuvo: “La tierra es un bien singular, único, un bien que ha construido la Naturaleza, y sobre ese bien finito, [porque] no hay fábrica de tierra, se asientan las sociedades, las naciones, la vida de los pueblos […]. Lo que hace nueve años valía unos 400 o 500 dólares de promedio, hoy vale más de 5 mil dólares […]. La bonanza del país ha hecho posible esta suba de valor. Parece, por lo tanto, moralmente defendible que quienes tienen mucha tierra, más de 2 mil hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12 o 16 dólares por hectárea. Diríamos todavía más, estoy hablando no de legalidad, sino de moralidad. Esto es moralmente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero hablo de si es defendible o no. Si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar y mejorar todas las comunicaciones del campo profundo […], es éticamente defendible”, afirmó. “Al parecer, la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse cambios constitucionales. No queremos un campo que sea una fábrica de pobres; tampoco un campo especulativo que genere una plutocracia”. Por eso indicó que su proyecto “es por franjas, y aplica la filosofía de que pague más quien tiene más y puede pagar, y quien ha recibido mayores beneficios […]. Habrá que plantearse cambios constitucionales […]. Hay que entender que esta batalla por cambios profundos va a continuar y también tener en claro que no vamos a bajar los brazos ni cambiar el programa. Es parte de la modernización y de los cambios esenciales que este país necesita”, finalizó. La Asamblea Constituyente no se convocó porque ya corrían los “tiempos electorales”, pero si se embarcara al país en un proyecto de reforma constitucional sobre la aplicabilidad de tributos a las grandes extensiones, que modificara la estructura de la tenencia de la tierra, eliminando latifundios y minifundios, estaríamos ante un fenómeno político que evoca las luchas y desvelos de José Artigas, Raúl Sendic, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni. A las 30 Medidas del Frente Amplio y al programa “Nuestro Compromiso con Usted”. A los trabajos de la CIDE, de la que se están cumpliendo 50 años en el mayor de los silencios.
FUENTE CARAS Y CARETAS
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