En una mesa redonda organizada ayer en el paraninfo de la Universidad, en el marco de los 20 años que se cumplen de la marcha del Silencio en Uruguay, la jueza Mariana Mota, el ex juez Federico Álvarez Petraglia y el abogado Daoiz Uriarte fueron duramente críticos con la actuación de la Suprema Corte de Justicia en crímenes cometidos por la dictadura y su concepción de imprescriptibilidad de dichos delitos.
Mota contó que en los casos que tuvo sobre acusados de delitos durante la dictadura cívico militar no calificó algunos delitos como tortura aunque le parecía lo más correcto, porque “no era la figura jurídica que existía cuando esos delitos se cometieron”, dijo la magistrada. Explicó que “sí se podía establecer privación de libertad, abuso de detenidos, lesiones graves o gravísimas, etc. Esos delitos sí existían en el Código Penal cuando los militares actuaron.
Eran delitos y se pueden aplicar. La diferencia es que son delitos de lesa humanidad cuando son cometidos por funcionarios del Estado o por particulares con anuencia del Estado. Entonces esos delitos son imprescriptibles, inamnistiables y son extraditables”, apuntó Mota.
Agregó que “la Corte ha evitado hasta el día de hoy pronunciarse sobre si estos delitos son de lesa humanidad”. Ese pronunciamiento es importante porque dejaría un precedente para otros casos.
Mota contó que la Suprema Corte de Justicia debe aún pronunciarse sobre el caso del detenido desaparecido hallado Ubagesner Chávez Sosa. “En mi juzgado fueron procesados dos militares por la muerte de Chávez. El tribunal confirmó el delito pero evitó el de lesa humanidad, seguimos diciendo desde los tribunales ‘esto no existe’ .
Hay una lectura muy parcial del derecho internacional. Eso está en un poder de casación y la Corte debe pronunciarse sobre si el delito de homicidio muy especialmente agravado de Chávez es un delito de lesa humanidad”, indicó.
La magistrada dijo que tiene pocas esperanzas al respecto aunque “algo se la ido avanzando”. Apuntó que nuestro país estuvo estancado al respecto por la Ley de Caducidad. “Tenemos una Corte con una concepción muy retrógrada y no avanzamos”, subrayó Mota.
“Es un juego bastante perverso porque en el medio están las personas que están esperando justicia”, agregó.
Por su parte Álvarez Petraglia dijo que algunos ministros de la Suprema Corte tienen una opinión “tozuda” sobre el tema “y el mensaje es que si ustedes condenan al final va a estar la Corte, si se interpone un recurso de casación, que va liberar a los militares de su responsabilidad.
Estamos en un momento embromado, luego de la ida de Mariana (por la jueza Mota), no se ha procesado a nadie más”, apuntó. Cabe recordar que en 2013 Mota fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia de la órbita penal a la civil.
El abogado Uriarte llamó a responsabilidad al Estado. “El Estado es responsable de sus órganos. No puede decir: la Justicia es independiente. El Estado uruguayo no puede eximirse”, sentenció.
Absolución
“No cabe la obediencia debida en caso de Zabala”
“No cabe la obediencia debida en caso de Zabala”
Sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, esgrimiendo “el argumento de la obediencia debida”, Mota afirmó que “no es cierto cuando un militar dice que no sabía qué pasaba en las unidades militares.
Es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión. No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, advirtió.
Evaluó que una sentencia de ese tipo “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas judiciales”. Afirmó sobre la impunidad que debe ser un tema de todo el Estado.
Mota sostuvo también que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos, además de la creación de una unidad especializada”.
Dijo que el Estado “debe brindar asistencia jurídica a las víctimas”. Apuntó que los jueces necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado, además de aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.
La opinión fue vertida en un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.
Luisa Cuesta sigue internada
La activista y referente de la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en Uruguay, Luisa Cuesta, de 95 años, sigue internada luego que sufriera un accidente vascular. Cuesta busca hace 39 años a su hijo, Nerbio Melo Cuesta, desaparecido en dictadura. Ella estuvo detenida desde junio de 1973 hasta enero de 1974 en el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes.
Es una militante incansable de los derechos humanos que denunció en el exterior las atrocidades que se estaban ejerciendo en Uruguay. En 1985, participó de la creación de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario