La lucha de clases vista desde la oligarquía

Por Carlos Luppi La Federación Rural (FR), integrante del sector patronal que más se ha beneficiado durante los últimos once años de bonanza económica, solicitó al gobierno la postergación del pago de las cuotas de capital de sus deudas bancarias por dos años, y exoneraciones impositivas. La Asociación Rural se desmarcó, pero pidió rebajas en […]

Por Carlos Luppi

La Federación Rural (FR), integrante del sector patronal que más se ha beneficiado durante los últimos once años de bonanza económica, solicitó al gobierno la postergación del pago de las cuotas de capital de sus deudas bancarias por dos años, y exoneraciones impositivas. La Asociación Rural se desmarcó, pero pidió rebajas en tarifas y combustibles. Si no fuera risible, el pedido de la FR podría ser tomado como una burla sangrienta al resto del país, o como una confirmación, por parte de un sector conservador y enemigo del Frente Amplio, de que la lucha de clases proclamada por Karl Marx está vigente y es legítima.

En 2014, según el Instituto Uruguay XXI, Uruguay exportó bienes por U$S 9.178 millones. Entre los quince primeros productos se ubicaron: soja (17,7% del total); carne bovina (16%); lácteos (9%); madera (7,8%); arroz (5,5%); cuero 3,6%, trigo (3,4%); lana (2,8%); despojos de carne (2,6%), y malta (2%). Según el último Anuario Estadístico Agropecuario, publicado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): “La producción agropecuaria protagoniza en la economía del país un notable rol en sus exportaciones, al punto de constituir el 75% en valor para el año 2013, comprendiendo todas aquellas que se basan en materias primas generadas por el agro. La dinámica que ha caracterizado al agro uruguayo particularmente en los últimos diez años, ha estado asociada a significativos cambios estructurales de los sistemas de producción, generándose ajustes en la propiedad de la tierra, en su valor y en el de su arrendamiento así como en la ponderación de los rubros comprendidos en la matriz agraria nacional”.

Efectuando un cálculo somero, si tomamos 75% de U$S 9.178 millones tendremos U$S 6.883,5 millones que, tomando una rentabilidad, acaso conservadora, de 35% (hay que ver que ya no pagan detracciones, como pagaron en los gobiernos blancos y colorados), nos deja la suma de U$S 2.409,5 millones de excedente. Nadie duda en Uruguay de que los productores agropecuarios son grandes beneficiarios de los últimos once años de excepcional bonanza económica, explicada, en gran parte, además de por la solvencia del manejo macroeconómico y la firmeza de nuestras instituciones, por el crecimiento explosivo de la demanda y precios de los productos provenientes de ese sector. Menos lo dudan –más bien lo confirman– quienes atienden consultas de inversión provenientes de integrantes del afortunado sector que, virtualmente, ya no sabe qué hacer con su dinero, porque han comprado hasta los bienes más exóticos y refinados como villas en el Lago di Como y en los cantones suizos. Tampoco parece descaminado buscar en esos mismos felices mortales (que ahora tienen sus páginas sociales en diarios y semanarios, donde pueden exhibirse jugando al polo o al golf, deportes que, precisamente, insumen mucho tiempo de ocio) a los dueños de los U$S 8.025 millones (eran U$S 934 millones más, U$S 8.959 millones a principios de 2014) que, oficialmente, suman los depósitos de uruguayos en instituciones financieras del exterior, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) que registra, no olvidemos, las inversiones “en blanco” y no puede exponer, naturalmente, ni las colocaciones en “paraísos fiscales”, o en compra de bienes como fincas con sus mobiliarios y automóviles o bienes de gran valor (joyas, esculturas, pinturas), que pueden ocultarse en cajas fuertes, por citar apenas dos ejemplos. Algún observador ha calculado que el valor total, acumulado a lo largo de décadas, tiene que ser de entre 7 y 10 veces esa cifra, lo cual se acercaría al valor actual de nuestro PIB. En todo caso, tampoco parece factible que esos U$S 8.025 millones confirmados (13,96% del PIB total de U$S 57.500 millones) hayan salido del bolsillo de los jubilados o de los trabajadores, dentro de los cuales, según reciente informe del Instituto Cuesta-Duarte del Pit-Cnt, 690 mil –41,5% del total de asalariados– ganan menos de $ 15 mil, en tanto que 140 mil trabajadores perciben menos del mínimo nacional, unos $ 7.168. Sin embargo, ninguno de los sindicatos ha planteado dejar de pagar masivamente sus obligaciones bancarias: sólo lo hacen “los señores de la tierra”.

Sin duda, entre estos atribulados empresarios que piden no honrar sus deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay (porque lo pidieron al gobierno, y nadie ha aclarado si hicieron la misma solicitud a los bancos privados) por dos años (plazo en el cual “creen” que se recuperarán los precios de los commodities, que los atormentan) debe estar buena parte de los afortunados uruguayos que han colocado 14% del PIB de Uruguay en el exterior. Asombra también que el pedido provenga de la Federación Rural, orgullosa institución firmante del célebre “Documento de las cinco cámaras” del 8 de agosto de 2014, que no reconoció ningún logro en los gobiernos del Frente Amplio y lo cargó con la culpa de todos los males del país, y del que nadie hasta el momento se ha retractado. Pero vamos por partes.

El planteo y el desmarque de la ARU

El 22 de abril tomó estado público que, durante la Expoactiva realizada en marzo pasado en Soriano, la cúpula de la FR, encabezada por su titular, Carlos Uriarte, solicitó informalmente a las autoridades gubernamentales que el gobierno tramitara diferir las amortizaciones de los pagos de capital (no así los intereses) de las deudas de los productores rurales con la banca. Si bien los términos no han sido explicitados, es obvio que se referían al Banco de la República, ya que sería demasiado –y seguramente no pertinente– que las autoridades llevaran ese pedido de moratoria a los bancos privados. La FR habría argumentado que considera que en dos años se habrán recuperado las actuales condiciones. Trascendió que la Federación Rural también pediría al gobierno la exoneración del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) a los productores familiares, y que se acentúe el aumento del dólar. Los pedidos tendrían como argumentos centrales la actual sequía y la muy promocionada caída prevista en las exportaciones de soja (cuyo precio ronda los U$S 350), por un monto de U$S 800 millones. Sin embargo, además de lo extemporáneo del planteo de una moratoria de pagos por parte de una de las gremiales más ricas del país (que, reiteramos, se ha beneficiado fabulosamente en estos últimos once años, y no tiene por qué dejar de hacerlo, dado que el FMI y la Cepal estiman un crecimiento del PIB de entre 2,8% y 3% para este año), es sencillamente increíble que no se haya tomado en cuenta que el valor de los dólares que los señores exportadores reciben pasó este año de menos de $24 a más de $27, y son el propio ministro Danilo Astori y el presidente del BCU, Mario Bergara, quienes afirman que la divisa seguirá al alza, más allá de que una fuente tan autorizada como el doctor Gabriel Oddone, de CPA/Ferrere, haya señalado que el TCR de equilibrio se situaría en $33, y que nuestro país sufre notoriamente los efectos de la macrodevaluación brasileña (en curso) y de las devaluaciones del resto de sus principales clientes comerciales. El gobierno nacional ha reaccionado en forma racional ante la “tormenta perfecta” que afecta nuestro contexto externo, dejando que se aprecie el valor del dólar y reafirmando el compromiso de mantener el poder adquisitivo real de salarios y jubilaciones, lo que implica no seguir la consigna del FMI y de nuestros neoliberales, en el sentido de desindexar sueldos y pasividades. Todos los sectores atraviesan hoy alguna restricción, y ello surge de las propias palabras del ministro Astori, que no se cansa de afirmarlo para justificar la elaboración de un Presupuesto Nacional caracterizado por la “cautela fiscal”. Pero el único sector de la economía nacional que ha pedido diferir sus pagos al Brou es la FR. No han sido los pequeños empresarios en dificultades ni los gremios de trabajadores o de jubilados. Un hecho para nuestra peor historia.

El bochorno de la FR fue todavía peor cuando su hermana mayor y más rica, la Asociación Rural del Uruguay expresó, por boca de su presidente, el ingeniero Ricardo Reilly Arrarte, que “no tiene ese tema [el pedido de moratoria] en su agenda”, seguramente sorprendido. Reilly no ha estado precisamente omiso en sus funciones. El 17 de abril, en Expo Melilla, hablando ante el vicecanciller José Luis Cancela, señaló su preocupación por los altos aranceles que paga Uruguay y manifestó que, según el Departamento de Estudios de su gremial, el valor del dólar se encuentra 36% por debajo del promedio de los últimos 38 años, y que “debería ubicarse entre $30 y $32 para tener el nivel de competitividad que necesita el país”. También consideró imprescindible mejorar el nivel de aranceles que Uruguay paga por la carne. Señaló que no debe abandonarse el Mercosur, pero sí explorar el acceso a otros bloques. Se mostró optimista en relación a las oportunidades presentes y futuras de nuestro país, y afirmó que el mundo seguirá demandando alimentos en forma creciente. Reilly se mostró asimismo contrario a la intervención estatal en la fijación de precios, y defendió la libre exportación de ganado en pie. Lo que no se le pasó por la mente fue pedir una moratoria en las obligaciones de sus asociados.

Las respuestas del gobierno

El 23 de abril, la delegación de la ARU, integrada por Miguel Martirena, José Bonica y un asesor contable, y presidida por Reilly Arrarte, fue recibida en el Ministerio de Economía por el ministro Danilo Astori (que llegó tras haber asistido al Consejo de Ministros, donde insistió fuertemente en la necesidad de un presupuesto austero), el subsecretario Pablo Ferreri y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller.

Reilly comenzó manifestando que el sector ha sido el motor económico del país, señaló el cambio de escenario y marcó el desacuerdo de su institución con pedir exoneraciones de impuestos o no pagar obligaciones, pero planteó la preocupación por la situación climática y el contexto internacional, además de las necesidades en materia de infraestructura. Propuso que se estudien cambios en la inserción internacional y que se tomen medidas que afecten al sector por el lado de los costos, como bajar el precio de los combustibles y de las tarifas públicas, a efectos de no perder competitividad. También reconoció la mejora en dicho campo a partir del aumento del tipo de cambio, y solicitó la eliminación del aporte del agro al subsidio del boleto urbano, que costaría unos U$S 130 millones. Se reiteró además la oposición a aplicar el Impuesto de Primaria a los inmuebles de más de 300 hectáreas.

Actuando como vocero del MEF ante la prensa, Pablo Ferreri señaló que la morosidad en el sistema financiero es muy baja (en el Brou se ubica en 2%) y que en la actual situación no es necesario dilatar pagos –con lo que puso fin al insostenible planteo de la Federación Rural–, y que se estudiarían los planteos formulados por la ARU. Ferreri afirmó que la reunión con la ARU “fue muy buena y con coincidencias”, y que “hay que proteger los avances de Uruguay en materia económica y social de los últimos diez años”. Admitió que se debe “mejorar la infraestructura, tener redes vial y ferroviaria potentes y desarrollar una política de inserción internacional que permita generar nuevos mercados o potenciar los que están abiertos”, y recordó que Uruguay exporta actualmente a 178 países (una diversificación de mercados que lo fortalece).

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El precio de la tierra aumentó 12% en un año

Un informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP informó que en 2014 se realizaron 1.257 operaciones de compraventa de tierras de uso agropecuario (33% menos que en 2013), por una superficie transada total de más de 178 mil hectáreas (52% menos que el año anterior). El monto de dichas operaciones fue, en 2014, U$S 702 millones, con un precio promedio de U$S 3.934 dólares por hectárea. Ello representa un aumento de 12% en comparación con 2013, cuando fue de U$S 3.519 dólares, continuando la tendencia creciente en el precio de la tierra que se viene dando en forma ininterrumpida desde 2003. Los departamentos con más superficie vendida fueron Rivera, Cerro Largo y Lavalleja, que acumularon ventas superiores a 56 mil hás. y U$S 171 millones, 24% del monto total de operaciones. Soriano, San José y Río Negro registraron los precios medios más altos, con U$S 6.995, U$S 6.667 y U$S 6.264 dólares. Desde el año 2000 se registraron 33.749 operaciones por un total de casi 7.7 millones de hectáreas vendidas, sobre un total de 16 millones de hectáreas disponibles en el país (48,12%). El precio medio de la tierra es más de 10 veces el de 2002, según el informe.

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Reforma constitucional por la tierra

En febrero de 2013, el entonces presidente José Mujica, tras haber afirmado en la Cumbre de Celac que “vivimos en un mundo donde se especula con lo más sagrado que tiene el hombre para mantenerse vivo. La supuesta libertad financiera se transforma en especulación y es un peligro para la economía real”, declaró a la prensa, con evidente fastidio, que “a la inflación la vamos a sujetar. Yo me crié en un país que tenía 70% u 80% de inflación”. Mujica restaba así importancia al tema. En una audición de M24, el entonces primer mandatario se centró en la concentración de tierras con objetivos especulativos. Criticó la especulación que realizan grandes terratenientes (dio ejemplos) que mantienen grandes extensiones inútiles. Y convocó a “encontrar modificaciones en el campo del Derecho” para evitarla. “Nosotros nos encontramos con situaciones como ésta. La mitad de las tierras que tiene la lechería en este país, unas 400 mil hectáreas, son arrendadas. Pagan una renta, y estos fenómenos de brutal concentración especulativa están de hecho haciendo operar a la suba en el mercado, creándole a la gente que trabaja desafíos de cifras imposibles. […] Este plusvalor lo paga alguien, y en este caso lo pagan los arrendatarios que tienen un pedazo de campo para sostener unas vacas lecheras o para la agricultura. Hay una diferencia enorme entre el riesgo productivo, entre la gente que trabaja, arriesga y se esfuerza, y esa aventura especulativa, sentado en un escritorio, manejando números para un lado y para otro. El país debería conocer y difundir estas cosas. […] No hablo de ilegalidad […]. Tratemos de encontrar modificaciones en el campo del Derecho, la legalidad, dentro del funcionamiento institucional”, concluyó. El lunes 18, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) para el primero de los 127 recursos presentados. Sin perjuicio de señalar que “lo primero que tenemos que aclarar es que las decisiones de la Justicia en un Estado de derecho hay que obedecerlas. Eso está afuera de cualquier discusión”, Mujica, remitiendo a José Batlle y Ordóñez, sostuvo: “La tierra es un bien singular, único, un bien que ha construido la Naturaleza, y sobre ese bien finito, [porque] no hay fábrica de tierra, se asientan las sociedades, las naciones, la vida de los pueblos […]. Lo que hace nueve años valía unos 400 o 500 dólares de promedio, hoy vale más de 5 mil dólares […]. La bonanza del país ha hecho posible esta suba de valor. Parece, por lo tanto, moralmente defendible que quienes tienen mucha tierra, más de 2 mil hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12 o 16 dólares por hectárea. Diríamos todavía más, estoy hablando no de legalidad, sino de moralidad. Esto es moralmente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar, pero hablo de si es defendible o no. Si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar y mejorar todas las comunicaciones del campo profundo […], es éticamente defendible”, afirmó. “Al parecer, la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse cambios constitucionales. No queremos un campo que sea una fábrica de pobres; tampoco un campo especulativo que genere una plutocracia”. Por eso indicó que su proyecto “es por franjas, y aplica la filosofía de que pague más quien tiene más y puede pagar, y quien ha recibido mayores beneficios […]. Habrá que plantearse cambios constitucionales […]. Hay que entender que esta batalla por cambios profundos va a continuar y también tener en claro que no vamos a bajar los brazos ni cambiar el programa. Es parte de la modernización y de los cambios esenciales que este país necesita”, finalizó. La Asamblea Constituyente no se convocó porque ya corrían los “tiempos electorales”, pero si se embarcara al país en un proyecto de reforma constitucional sobre la aplicabilidad de tributos a las grandes extensiones, que modificara la estructura de la tenencia de la tierra, eliminando latifundios y minifundios, estaríamos ante un fenómeno político que evoca las luchas y desvelos de José Artigas, Raúl Sendic, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni. A las 30 Medidas del Frente Amplio y al programa “Nuestro Compromiso con Usted”. A los trabajos de la CIDE, de la que se están cumpliendo 50 años en el mayor de los silencios.

FUENTE  CARAS Y CARETAS

El tren que pasó dos veces

TISA: URUGUAY Y FRENTE AMPLIO EN OTRA ENCRUCIJADA

El presidente Tabaré Vázquez encargó a cinco de sus ministros que elaboraran un informe detallado sobre el Trade in Services Agreement (TISA) -o mega acuerdo para liberalizar los servicios-, el estado de las negociaciones, y una proyección primaria sobre los costos y beneficios que puede reportar al país ingresar o no a este nuevo mega acuerdo. Como le tocó hacer en su primer mandato, Tabaré Vázquez debe decidir si se sube al tren o si, por el contrario, vuelve a dejarlo pasar, como hizo en 2006, cuando le dijo no al TLC con Estados Unidos y al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

Por Federico Gyurkovits

El 15 de marzo de 2006 Tabaré Vázquez decía, desde Venezuela, flanqueado por un poderoso Hugo Chávez, que “el actual gobierno uruguayo no tiene en carpeta ni en agenda firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, recordando que en la página 29 del Programa de Gobierno del Frente Amplio se dice claramente que el marco actual de relacionamiento comercial con las potencias del primer mundo no es el adecuado para firmar ningún TLC, ni profundizar y llegar a un ALCA.

En el programa de gobierno 2015-2020 tampoco figura el TISA, ni la Alianza del Pacífico ni el Tratado Transpacífico como centrales, sino que se ratifica la pertenencia al Mercosur, al que, sin embargo, se le piden más contemplaciones y flexibilizaciones que permitan buscar otros horizontes de asociación.

En todo caso, ocho años después quedó demostrado que los trenes pasan más de una vez, incluso en Uruguay. Pero a diferencia de aquel entonces, cuando la oleada progresista estaba en pleno crecimiento y la integración regional se presentaba como una alternativa real a la impulsada desde Estados Unidos, ahora la cohesión latinoamericana se ha ido debilitando por los avatares políticos de cada país, potenciados por un contexto económico internacional inestable e incierto en el corto y largo plazo. Y con un Mercosur sin rumbo definido colectivamente, la cuestión se complejiza aún más.

Por eso, una parte del gobierno y del FA (principalmente el Frente Liber Seregni y figuras independientes o vazquistas), a la que se han sumado referentes de cámaras empresariales y de los partidos tradicionales, cree que pertenecer al TISA es un camino a seguir para aumentar las posibilidades de mantener el desarrollo económico a futuro, teniendo en cuenta que el modelo que hizo crecer al país por encima del promedio regional está dando señales de agotamiento. En esta posición se repiten los nombres de quienes defienden el viraje hacia otras latitudes que Uruguay está mostrando en los últimos años, incorporándose a la Alianza del Pacífico y al Tratado Transpacífico (TTP). La apuesta a estos tres tipos de asociaciones por fuera del Mercosur se consumó durante el gobierno de José Mujica, con aliados desde el sur del continente (Chile, Perú, Paraguay y Colombia) y también del otro extremo cardinal: México, Costa Rica y Panamá.

Otras vertientes del oficialismo, junto con el Pit-Cnt y organizaciones sociales, están convencidas, por el contrario, de que si bien en el corto plazo el impacto podría ser positivo por la llegada de inversiones en rubros en los que, hasta ahora, son residuales, en el largo plazo será un factor de conflictos y pérdida de soberanía en aspectos clave y que se perciben como laudados socialmente.

Chivito al plato

En febrero de 2015 se difundió la noticia de que Uruguay había sido aceptado en el grupo de países interesados en ser parte del TISA. Se supo mediante un comunicado que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en su web, que expresaba: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; Estados Unidos; y Uruguay”.

La cancillería canadiense blanqueó la situación una vez que el Congreso de Estados Unidos aprobó, el 9 de febrero, la inclusión de Uruguay, que había formalizado en setiembre de 2013, algo que se supo públicamente recién el 3 de mayo del año siguiente, mediante un comunicado del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, que afirmaba que “la UE celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante”. Decía también que Almagro había garantizado que “su país comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y que “respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une” a ellas.

Dos meses después, el propio Almagro amplió la información en declaraciones a La Diaria. Sostuvo que las negociaciones en el TISA tienen como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible, lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores. […] De hecho, las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros”, señaló Almagro.

Dijo que la conveniencia de sumarse fue analizada en el ámbito de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, en la que “se consideró la incidencia de los servicios en el conjunto de la economía uruguaya y, en particular, en su comercio exterior, los efectos directos que puede llegar a tener el acuerdo en el comercio internacional de servicios, así como los efectos indirectos que puede generar en la negociación global final de la Ronda Doha de la OMC”. Añadió que se tuvo en cuenta el peso de los servicios en la economía local, que representan 54% de la producción y 66% del valor agregado. Detalló que las exportaciones de servicios crecieron a una tasa promedio anual mayor a 8% en los últimos cinco años. En 2013, este rubro superó los 3.200 millones de dólares: aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto.

Figurita repetida

La predisposición de Tabaré Vázquez y Danilo Astori a lograr acuerdos que tengan a Estados Unidos como centro no es nueva, como tampoco lo es el rechazo de otros referentes del Frente Amplio, principalmente del Partido Comunista. En el primer gobierno del FA el TLC se frustró, en buena medida, por la resistencia de esa colectividad, y de quien conducía la política exterior, el canciller Reinaldo Gargano.

Si bien hasta el momento el gobierno asegura que no hay nada firmado, y que haber sido aceptado no quiere decir que se termine suscribiendo el acuerdo, la correlación de fuerzas favorables en el gabinete y el contexto regional e internacional parecen estar, esta vez, del lado de los que quieren firmar. El martes, al terminar una disertación en la Cámara de Comercio Estados Unidos-Uruguay, Astori defendió una vez más este rumbo e hizo un repaso de los procesos de acuerdos que están en marcha, entre ellos, los transoceánicos.

La semana pasada, el Pit-Cnt picó en punta con el rechazo al TISA, y apoyó un paro parcial, que se realizó el viernes 24, que cerró con un acto convocado por varios sindicatos, para explicitar ese rechazo, y mañana, en la Plaza Mártires de Chicago, donde se celebrará el acto por el 1º de Mayo, hará otro tanto. Durante el acto del 24 se pudo ver a dirigentes y legisladores del FA (Luis Puig, Oscar Andrade) aplaudiendo la arenga y la fundamentación contra el tratado. La visión del movimiento sindical uruguayo está alineada con la de sus pares de buena parte del mundo, ya que en Europa el acuerdo Transatlántico y el propio TISA generan en la sociedad civil un malestar que se manifiesta en movilizaciones y actividades organizadas con el propósito de hacer lobby por la negativa.

En agosto del año pasado, Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), cuestionaba los mega acuerdos en general y, en particular el TISA, diciendo que “se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundada en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar, porque todo sector que no se halle explícitamente excluido del contrato por cada país, se considerará dentro del mismo. Se estima que -y justamente por eso se impulsan- estos acuerdos abrirán la puerta a un flujo de empresas privadas en varios sectores, entre ellos el educativo y de la salud, los servicios públicos, los financieros, los profesionales, entre otros.

Si bien guarda similitudes con otros formatos de negociación, el TISA tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, que las partes que se incorporan están obligadas a aceptar los acuerdos firmados con anterioridad a su ingreso. Otra es la llamada cláusula “trinquete”, mediante la cual los Estados parte que unilateralmente promulguen normas tendientes a una mayor liberalización del mercado de servicios, no podrán revertirlas. En concreto, si Uruguay termina siendo miembro del TISA, no podrá pensar en establecer para Antel el monopolio de la telefonía celular. O si, en el futuro, decreta la liberalización de la trasmisión de datos por cable, la medida no tendrá marcha atrás. Lo mismo pasaría con Ancap si liberaliza algunos de los sectores que mantiene monopolizados -por ejemplo, la refinación- como así también con los demás rubros en los que el Estado es el único operador (condición que, en la década del 90, se buscó liberalizar mediante la privatización de las empresas públicas, pero sin éxito, porque la ciudadanía se opuso mediante un plebiscito).

Contexto

El TISA es la vía promovida desde el norte, tras el fracaso del intento de liberalizar los servicios en el marco de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A esta, eventualmente, los miembros del club deberían presentar el acuerdo, en caso de suscribirlo, para dar cuenta de cuáles son las reglas de juego del nuevo bloque en la materia, y a qué deberían atenerse los demás países a partir de ese momento.

Este formato extra OMC va en contra de uno de los principios de política exterior defendidos a ultranza por los gobiernos del FA, que es el de apegarse a los organismos internacionales y a sus resoluciones, en el entendido de que, siendo Uruguay un país chico, esa es la única alternativa real para salvaguardar sus derechos e intereses. Con el TISA será una cuestión ya no entre Estados en el marco de la OMC, sino entre empresas y Estados.

Lincoln Bizzozero es profesor titular y coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Desde su óptica, en torno al TISA “hay una cuestión más general o más macro, donde se ven varias iniciativas en las que Estados Unidos es el centro siempre y por la cuales busca negociar mega acuerdos con mega bloques, en los que, claramente, no están ni China ni Rusia. Pero sobre todo, no está China, ese es el punto. Sean los acuerdos Transpacífico o el Transatlántico -y yo inserto al TISA en la misma línea-, a pesar de contar con impulsos importantes y plazos medio rápidos, ninguno de esos acuerdos se concretó todavía, porque implican cuestiones complicadas. El Transatlántico, sin ir más lejos, con la Unión Europea, toca todo el tema de los transgénicos, el consumidor y sus derechos, y certificaciones de calidad, sin contar otras como la propiedad intelectual -que puede arreglarse más fácil-, que también son complejas”.

Para Bizzozero, “la realidad de limitar esos acuerdos para imponer al resto de los países, incluyendo a China, ciertas normativas en términos laborales, ambientales, etcétera, no es tan sencilla, porque el capital es más mundial que antes, y China tiene otra presencia. Por otra parte, los movimientos Brics, o el banco asiático de inversión (creado por China en octubre de 2014), los apoyos que tiene con los propios países asiáticos llevan al reconocimiento de su importancia. Entonces atrás de eso hay países como el nuestro, que quedan muy debilitados”.

El académico considera que la apuesta natural y permanente del país tiene que ser “el barrio primero y la región después”, y aunque a priori buscar otros horizontes puede parecer lógico y hasta esperable, ya que “Uruguay siempre fue un país abierto, moderno. Montevideo, básicamente, es un puerto de apertura, siendo la periferia de los países más integrados históricamente. Esto es como no querer perder esa tradición. El Mercosur nos regionalizó y Uruguay busca, de alguna forma, mantener esa apertura. Busca flexibilidad, poder hacer sus arreglos de acuerdos más allá del Mercosur. Ahora, la cuestión es esta: tomar un camino u otro siempre implica costos y beneficios, no es que todo vaya a suma positiva o suma negativa, eso es lo que hay que saber. Entonces el discurso de flexibilidad… Flexibilidad no es que vas a tener puros beneficios”.

Sin paraguas

El entrevistado remarcó los puntos que advierte como más complicados del TISA: “Esto no se está negociando en la OMC sino entre algunos países. La diferencia es esta: en caso de que logren acuerdos, y si se firma, todo entra en el paquete, todos los servicios, salvo que se exceptúen expresamente, directamente, explícitamente, a diferencia de formatos anteriores en los que uno tenía que decir lo que se iba a liberalizar. Y eso no es menor, porque implica que todos estamos de acuerdo en liberalizar los servicios. Es cierto que el sector ha crecido en general y en el mundo, en América Latina, en Uruguay, y si bien todo es relativo, creció sin la necesidad de este tipo de acuerdos, que involucran a sectores que, de alguna forma, o están salvaguardados o hay monopolios o responden a bienes públicos. La educación es un caso, y salvo que digan que no, va a entrar, y habilitará a que cualquier universidad pueda venir y reclamar el mismo trato que las nacionales, y por tanto, las mismas exoneraciones”.

Y si bien definió este rubro como clave, como un bien público, aclaró que “más que de la educación, estoy hablando de la salud, que es un punto clave, ya que siendo algo tan sensible, es donde circula más dinero, por la actividad de los laboratorios, la industria farmacéutica y los demás servicios asociados”. Y como la gran mayoría de los participantes del TISA son desarrollados, en “el área de los servicios también [el área de la salud] está más desarrollada, en expansión” y por tanto corren con ventaja frente a la realidad nacional. Y esa ventaja se potenciará por el hecho de que se les deberá dar el mismo trato que a los prestadores de servicios locales. “Una de las cuestiones acá es la de la justificación por la cual se entra o no: la argumentación de (José) Mujica de que es mejor estar que no estar, ‘si no nos quedamos afuera’… Hay una cuestión básica de Uruguay, como un principio de política exterior, que es el multilateralismo y la pertenencia fuerte a ámbitos multilaterales de negociación, como Naciones Unidas, la OMC, y esto es desconocer esta tradición, y no es menor. Hay una cosa que es básica: acá nadie queda afuera de nada. Quedás afuera si realmente no estás en la OMC”.

Bizzozero explicó que, en líneas generales, y más allá de las coyunturas de cada momento, cuando Uruguay le dijo no al ALCA y al TLC con Estados Unidos, usó argumentos que hoy está dejando de lado, o que está contradiciendo en este nuevo proceso. “El otro era comercial y de servicios también; el ALCA implicaba varias cosas, era bastante ambicioso, este se limita a servicios. En el otro decías ‘avancemos en servicios, pero ustedes tienen que bajar el subsidio a la agricultura’. Acá es servicios y punto. Esto, supuestamente, si se acuerda en algún momento, lo van a llevar a la OMC a decir ‘este es el acuerdo que hay’. Lo traslada al cuerpo general de comercio y servicios y de esto no bajamos, esa es la lógica”.

El especialista dijo que ve más probable que se logre un acuerdo TISA que un Transpacífico o Transatlántico, aunque opinó que la ausencia de debate y el secretismo que imponen estas negociaciones juegan en contra de quienes lo defienden. “En el mundo de hoy se ve cómo cada vez más la cuestión de la transparencia, de saber las cosas que se negocian, sale cada vez mas a flote. Va mas allá de estar de acuerdo o no, es previo a eso. Y ese es el punto en el que creo que acá los propios políticos le erran, porque no se dan cuenta”.     

FUENTE :  CARAS Y CARETAS

Reducción del IRPF en aguinaldos y salario vacacional beneficiará a 133.000 trabajadores - Presidencia del Uruguay

Reducción del IRPF en aguinaldos y salario vacacional beneficiará a 133.000 trabajadores - Presidencia del Uruguay           

El subsecretario Pablo Ferreri se reunió con una delegación del PIT CNT. Luego del encuentro informó que el Ejecutivo mantendrá el proyecto de ley que reducirá el impacto del IRPF sobre el aguinaldo y salario vacacional de los trabajadores. Precisó que la reducción del impuesto comprenderá a 133.000 contribuyentes, siendo 65.000 los que dejarán de pagar el impuesto. “Este gobierno cumple con lo que promete”, sentenció Ferreri.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, recibió a una delegación del PIT-CNT integrada por Marcelo Abdala y Fernando Gambera. En la reunión, Ferrerri explicó los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en procura de modificar la liquidación del IRPF-Rentas del Trabajo y mitigar el impacto económico de las partidas correspondientes al aguinaldo y salario vacacional.

El viceministro de Economía reafirmó el compromiso del Gobierno con el proyecto de ley. “En este momento vamos a cumplir con el compromiso que el Presidente Tabaré Vázquez realizó durante la campaña electoral, por lo tanto vamos a continuar con el proyecto del ley que se envió al Parlamento, que beneficia aproximadamente a 133.000 trabajadores y deja a decenas de miles de trabajadores sin pagar el impuesto”, aseguró Ferreri en declaraciones a la prensa luego de finalizado el encuentro.

La reunión se inscribe en el proceso de intenso diálogo que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas mantiene con organizaciones sociales y empresariales con el objetivo de explicar los fundamentos de la política económica, apreciar las perspectivas de los distintos actores y reafirmar los compromisos con el programa del Gobierno.

Ferreri agregó que las propuestas presentadas por le PIT CNT serán aportes valiosos a la discusión de política económica, que no empieza ni termina con este proyecto de ley sobre el IRPF y que implicará nuevas instancias durante este año y los próximos.

Biblioteca para todos/as

Biblioteca para todos/as  En +OESTE Radio dialogamos con Susana de la Biblioteca Comunitaria “Paco Espinola” gestionada por vecinos en Paso de la Arena desde 1992. 



¿Cómo funciona la experiencia de biblioteca comunitaria?

La biblioteca empezó a marchar por la inquietud de algunos vecinos que vieron que la zona se estaba poblando y había muchas instituciones educativas y para que todos los niños llegaran a los libros de estudios o lecturas, fue que se juntaron el Concejo Vecinal, el Centro Educativo Deportivo Paso de la Arena y la Intendencia de Montevideo, se armó un grupo y empezaron los trámites, fue en el año 1992. En el año 94 se hace un festival importante donde se recaudan varios libros y luego en el año 1997, como se vio que todo seguía en rodaje se comenzaron a realizar concursos de cuentos infantiles y juveniles para las instituciones de la zona. En la pimera época eran temas libres, luego fueron temas específicos que nos interesaba trabajar, este año por ejemplo el tema es “valores” y  es la 15° edición del concurso.

¿Qué relación hay entre la comunidad y el grupo de vecinos que gestiona la biblioteca?

A lo primero estaba todo muy unido, hoy día se fue independizando y la Comisión de Vecinos de la Biblioteca va “caminando sóla”, hoy somos 4 personas que estamos manteniendo la bilioteca. Siempre ha sido gratuita, antes se pedía el valor de un boleto, ahora es 20 pesos, además de que hay usuarios que colaboran, tratamos de entrar en proyectos sociosculturales para poder comprar material. Hay un grupo de adultos mayores que realiza un taller literario, ellos donaron una manta tejida por ellos que fue rifada y de ahí sacamos fondos para poder comprar sillas que hacían falta. Siempre aparece además alguien que nos da una mano.

El profesor Robert Rosella también realiza un taller literario de “Escritura y lectura”

¿Cúantos usuarios tiene la biblioteca?

Si vamos a los cuadernos son unos 1600, aunque los que participan activamente, llevan y traen libros y están siempre son unos 20. Tenemos algunos problemas con 300 socios aproximadamente que llevaron libros y no los han devuelto y estamos tratando de contactarlos y recuperar esos libros. El local es pequeño también, ahora estamos en la busqueda de un local un poco más grande.

¿Cómo funcionan los concursos literarios que llevan adelante?

Se hacen en marco al Día del Libro y es en varioas niveles. Hay para escolares, juveniles y adultos. En el concurso niño – juvenil que consta de varios niveles (según edad) este año el tema es “Rescatando valores”. Una carilla de extensión. La fecha límite de entrega es el 22 de mayo.La entrega de reconocimeintos es el viernes 29 de amyo (dentro del horario escolar)

Hay también un concurso de cuentos para mayores, cuyo tema es libre, celebrando el aniversario de Paco Espinola, en octubre, en el cual se participa con cuento o poesía.

Este año además organizamos una actividad llamada “Sacudiendo la modorra literaria” que consta en varios encuentros con escritores, vienen uno por mes, estuvo Ignacio Martinez en marzo, Zunilda Borsani en abril, en mayo tenemos a Nedy Varela, en junio viene Alberto Silva y en julio Jorge Tiscornia, entre otros.

El contacto de la Biblioteca “Paco Espínola” es el celular 095 08 97 31, el facebook: Biblioteca Paco Espiniola y el mail es lapacoespinola@hotmail.com.

Mi barrio , Mi Municipio

Mi barrio , Mi Municipio               

Cada barrio tiene su olor característico, su plaza, su personaje, su panadería favorita y aquella historia de amor que todos conocen.

Mi barrio , Mi Municipio

Cada barrio tiene su olor característico, su plaza, su personaje, su panadería favorita y aquella historia de amor que todos conocen, pero que nadie recuerda cuando pasó y quienes fueron sus protagonistas.
Cada uno es un pequeño Montevideo, con una forma diferente de ver y vivir la ciudad. Esos “Montevideos” se juntan y forman Municipios, que manteniendo sus identidades, van formando “barrios más grandes”.
Hace cinco años los Municipios se crearon para trabajar y mejorar los servicios y las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes, desde entonces forman parte de tu vida.
Los gobiernos de cercanía son una realidad en todo el país. Surgen a impulso del proceso iniciado en Montevideo en el año 1990 y se extiende a todo el país con la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana. En el 2010 se instalaron los Municipios en todo el territorio nacional, ocho en Montevideo.
Con este paso institucional se fortalece la democracia, se apunta a profundizar la participación de la vecina y el vecino en la “cosa pública”, y a promover un
mayor diálogo entre la sociedad y el gobierno local. Además se profundiza la descentralización del Estado Desde su creación, han acercado la gestión a la gente y a los barrios. Permiten una mayor participación y respuesta a los problemas que se plantean en el territorio.
No sólo en temas que tienen que ver con sus potestades, donde son articuladores de las políticas sociales departamentales  y nacionales.
Este paso no hubiera sido posible realizar sin el compromiso de los funcionarios que desde los comunales y de diferentes áreas de trabajo sumaron esfuerzo para que por un lado se instalaran los municipios y por el otro lado se gestionara y se permitiera avanzar en algunas áreas de la gestión que tenían retrasos importantes como el arbolado.
Este 24 de abril se conmemora el día de los municipios de América,  momento para reflexionar sobre el  proceso de trasformación permanente y de crecimiento de las potestades de los municipios. Pensando el rol que depara el futuro de este tercer nivel de gobierno. Que comenzó a andar hace cinco años y que con el compromiso diario de funcionarios y funcionarias que aportan su granito a la construcción permanente seguirá avanzando,

Concejo Municipal

Mujica: Topolansky tiene el viento en contra de derecha y de frentistas que se fueron y volvieron - Noticias Uruguay LARED21

Mujica: Topolansky tiene el viento en contra de derecha y de frentistas que se fueron y volvieron - Noticias Uruguay LARED21       

El ex presidente de la República y actual senador, José Mujica, dijo que “los astros de la derecha y de algunos frenteamplistas que se fueron y luego regresaron, están todos alineados contra Lucía Topolansky”, la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Movimiento de Participación Popular.       

 Mujica dijo que “los astros de la derecha y de algunos frenteamplistas que se fueron y luego regresaron, están todos alineados contra Lucía Topolansky”.

Mujica dedicó gran parte de su audición radial por M-24, “Hablando al sur”, para referirse a las próximas elecciones departamentales del 10 de mayo.    

En tal sentido, el parlamentario defendió la propuesta de Topolansky referida a crear un sistema de financiamiento del transporte colectivo de pasajeros “integrado y solidario”, por el cual distintos sectores de la sociedad accedan a una rebaja del boleto.

También planteó la posibilidad de eliminar las viáticos para los funcionarios municipales por cada multa de tránsito.

Al respecto el ex mandatario afirmó que se trata de una propuesta “muy estudiada”.

Dijo que “en Uruguay hubo un aumento muy grande del parque automotor tanto en autos como en motos”. En Montevideo hay un auto cada 4,4  personas y una moto cada 7 personas.

Mujica se refirió a la cantidad de tiempo que le insume a la población “ir o venir al trabajo”, por ello se refirió al impulso de las bici sendas.

El ex mandatario también resaltó la idea de “gestionar de una manera diferente el subsidio del transporte colectivo”.

“Lo conveniente del nuevo proyecto es atar el subsidio a la gestión de las empresas y su evaluación a compromisos que se asuman en aspectos como eficiencia en el recorrido, horarios y frecuencias. No un subsidio al barrer”, comentó.

También destacó la iniciativa de quitar los estímulos económicos a los inspectores de tránsito por cada multa aplicada.

Viento en contra

Por otro lado, el ex mandatario dijo que Lucía Topolansky “tiene viento en contra”.

“Sé que los astros de la derecha están todos alineados contra Lucía. Sé perfectamente que muchos que se fueron del Frente Amplio y luego vinieron rengos, con la cola entre las patas, también están en la misma”, sentenció el mandatario.

“Yo sé todo eso y sé que las clases sociales existen de todas maneras y naturalmente se suman otros dioses, pero como siempre seguiremos luchando con entereza”, puntualizó Mujica.

Salud Pública propone cambiar el paradigma actual de la atención psiquiátrica - Presidencia del Uruguay

Salud Pública propone cambiar el paradigma actual de la atención psiquiátrica - Presidencia del Uruguay               

El ministro Jorge Basso asistió a la Comisión de Salud de Diputados, donde informó sobre los lineamientos estratégicos previstos para los próximos años. Destacó la necesidad de reformar el actual modelo obsoleto de atención psiquiátrica y adelantó que se apostará a integrar socialmente al paciente psiquiátrico mediante cuidados tutelares y atención en hospitales generales, prescindiendo de los asilos confinados.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, concretó, este martes 7 de abril, el encuentro que había solicitado la Comisión de Salud de Diputados para informar sobre los lineamientos estratégicos que seguirá este ministerio en el próximo quinquenio y acerca de los procedimientos respecto a la atención en salud mental.

Consultado por los integrantes de la comisión sobre la situación de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, Basso informó que el ministerio ya había comenzado a trabajar en la temática, antes de que se generara el penoso episodio públicamente conocido en el que murió un paciente como consecuencia de las mordidas de perros.
Explicó que se acordó con el cuerpo trabajar en el marco legal, ya que las leyes actuales datan de 1936 y 1948, lo cual las hace obsoletas en muchos aspectos como en el modelo de asilo para pacientes psiquiátricos alejado de la ciudad y la sociedad.



En este sentido, Basso dijo que el desafío del plan de salud mental que se propone es avanzar hacia la atención de estos pacientes en hospitales generales como el Maciel, Pasteur o el Pereira Rossell y otros en el interior del país, en los cuales ya se atiende a pacientes con patologías psiquiátricas.

“El hospital psiquiátrico en sí tiende a desaparecer en el mundo, la atención a estos pacientes se hace en unidades especializadas pero dentro de lo que es la atención general del enfermo”, sostuvo.

También consideró que otra experiencia que ya se está desarrollando pero no con la suficiente firmeza es albergar a los pacientes psiquiátricos bajo la tutela de ciertas personas que “funcionan como cuidadores” y que se ocupan de ellos en un ambiente externo a cualquier hospital o colonia.

En este sentido, aseguró que en el momento hay unas 180 personas bajo esta modalidad tutelar que fueron migrando desde las colonias psiquiátricas. “La idea es justamente aumentar ese tipo de pensiones, hogares de medio camino o de residentes, para superar este modelo asilar, que data del Siglos XIX y comienzos del Siglo XX.”

Con respecto a cómo implementar estas propuestas, el ministro dijo que se trabajará progresivamente hacia esa nueva modalidad ya que los avances terapéuticos permiten que los pacientes puedan mantenerse fuera de los hospitales psiquiátricos, salvo en períodos de crisis agudas.

 “Esto significa cambiar el paradigma de la atención resolviéndolo de otra manera sin confinarlos fuera de la sociedad. Esto también implicará un cambio cultural, ya que la sociedad deberá convivir con estas personas que también tienen sus derechos y estarán acompañadas adecuadamente”, indicó.      

Basso también señaló que otro aspecto del tema, que se acordó con los integrantes de la comisión fue analizar la situación de las pensiones que reciben muchos de los pacientes que están internados en las colonias, que quedan depositadas en cuentas bancarias y “por razones obvias estos pacientes nunca pueden acceder a ellas”.

Próximo quinquenio



El jerarca señaló que el ministerio tiene entre sus grandes lineamientos estratégicos la articulación de las respuestas legales con las institucionales, en lo referente a trabajar con metas, indicadores y objetivos sanitarios.

“Creemos que la reforma sanitaria de hoy está en condiciones de evaluar la calidad de atención de las instituciones, tanto privadas como públicas, y de evaluar resultados en materia de calidad, de tal forma que las instituciones sientan que la rectoría que da el ministerio está auditando la calidad de atención que se le da a la población y eso les estimule a mejorar sus resultados”, subrayó el ministro como elemento básico para la reforma.