Organización de DDHH advertirá al Parlamento por venias en la SCJ

“LA SCJ HABLA DE LA OBEDIENCIA DEBIDA QUE ES EL ARGUMENTO DE LA LEY DE CADUCIDAD”

Dos décadas pasan del 20 de mayo de 1996, cuando colectivos de Derechos Humanos y organizaciones sociales marcharon por primera vez bajo la consigna “Verdad, memoria y justicia”. Hace 20 años que el silencio tronó en 18 de Julio exigiendo saber la verdad.

Pasó la Comisión para la Paz, pasó el plebiscito de 2009, llegaron las primeras excavaciones, los primeros juicios, y de su mano los primeros hallazgos, los primeros procesamientos y encarcelamientos. Ahora para la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos hay situaciones esperanzadoras y otras que llaman a la alarma. Por un lado está la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que aunque aún no está legalizado y por ende no puede actuar, se está reuniendo semanalmente.

Por otro lado algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como la absolución al expolicía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, esgrimiendo “el argumento de la obediencia debida”. Absolución que ya no puede ser apelada.

Por ello esta marcha tiene un significado especial hacia el futuro. “En el Parlamento hemos visto rasgarse las vestiduras frente a posiciones de la SCJ pero los miembros los vota el Parlamento, si sabemos que tal miembro de la SCJ mantendrá la impunidad ¿para qué se vota?

Este año hay renovación de varios miembros por edad, son dos o tres. Nosotros vamos a seguir planteando esta advertencia”, dijo a LA REPÚBLICA, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Errandonea no descartó mantener reuniones con las bancadas políticas para analizar la situación.

Destacó que desde 2012 no hubo más procesamientos a militares por delitos cometidos en dictadura. En el caso Zabala no se puede apelar, y nos vuelve a poner la amenaza de la impunidad. Hablan de la obediencia debida que es el argumento de la ley de Caducidad”, apuntó Errandonea.

En cuanto a la creación del Grupo de Trabajo para Verdad y Justicia subrayó que “El decreto todavía no está. El grupo de trabajo se está reuniendo pero no empezó a actuar porque legalmente no existe todavía”.

Por ello mismo la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos no se ha reunido aún con el grupo en cuestión. “Obviamente esperamos con ansiedad que salga el decreto y que salga con las atribuciones que se necesitan”, apuntó.

Los integrantes del Grupo que trabajan honorariamente son: Felipe Michellini y Macarena Gelman como representantes de quienes han sufrido estas acciones directamente en su seno familiar. También está la mae Susana Andrade, representando a colectividad afro, Ademar Olivera en representación de la Iglesia Metodista, Emilia Carlevaro en representación de Familiares, Mario Cayota por la Iglesia de Montevideo y por la comunidad judía Pedro Sitklowski.

“Hay una parte de la verdad que es solo de los militares, ellos saben qué hicieron con cada ejecutado, no digo que el actual comandante en jefe lo sepa, pero los detalles, la información está allí dentro”, sentenció Errandonea.

                     
                             FUENTES  LA   REPUBLICA
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