viernes, 13 de octubre de 2017

Ejecutivo remitió al Parlamento proyecto que previene, persigue y sanciona la trata

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo envió este mes al Parlamento nacional, para su discusión, un proyecto de ley que tiene por objetivo la prevención, investigación, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. La iniciativa propone actualizar el marco normativo nacional y consolidar una política integral.
Torre Ejecutiva
Pie de foto:Torre Ejecutiva
La exposición de motivos del proyecto de ley expresa que, de acuerdo con el Informe mundial sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo. La organización también sostiene que se han identificado al menos 510 corrientes de trata transnacional de personas y que la mayoría de las víctimas en América Latina sufre casi por igual trata sexual y laboral. En el documento también se indica que Uruguay es país de origen, tránsito y destino de trata de personas.
Mariella Mazzotti, quien preside el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional que espera que el estudio del proyecto de ley empiece en poco tiempo y que, en caso de aprobarse, dotará a Uruguay de un marco normativo para la prevención y combate a la trata de personas. Esto permitirá mejorar la articulación entre los organismos que participan del proceso de atención a las víctimas, como es el caso de los ministerios del Interior, de Desarrollo Social y de Salud Pública.
La funcionaria destacó la integralidad del proyecto, ya que aborda la explotación sexual, pero también la problemática del matrimonio forzado, la sumisión laboral, el trabajo forzoso y en condiciones de esclavitud, y el tráfico de órganos humanos. También prioriza los derechos de las víctimas y la necesidad de brindarles protección, además de preparar a los diferentes organismos y dependencias del Estado para trabajar de manera coordinada, a través de un sistema de respuesta efectivo.
En tal sentido, esta semana el Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el cual apoyará con 100.000 dólares no reembolsables la estrategia que se viene desarrollando contra la trata en zonas de frontera, en este caso para la realización de talleres de sensibilización y capacitación a funcionarios que trabajan en aduanas, organizaciones comunitarias vecinales y medios de comunicación de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Artigas, entre otras acciones.
Derechos humanos, Políticas sociales

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