El Ministerio de Ganadería proyecta para el quinquenio utilizar 60 millones de pesos en acciones en establecimientos lecheros de pequeña y mediana escala de la cuenca del río Santa Lucía, de donde se extrae agua para potabilizar con destino a 70 % de la población de Uruguay. La meta es disminuir el nivel de fósforo en el suelo y utilizar de mejor forma el manejo de efluentes de tambos para prevenir erosión y contaminación.
Pie de foto:La actividad lechera en foco de preocupación ambiental del Ministerio de Ganadería
“La segunda fase de la línea de intensificación sostenible en planes de suelos se relaciona con los planes de lechería para controlar la erosión a través de dos variables: el nivel de fósforo en el suelo y el manejo de efluentes de tambos”, explicó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, en oportunidad de dialogar con la Comisión de Hacienda del Parlamento para defender el capítulo de la cartera a su cargo en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.
Sobre los tambos, señaló que debe haber un manejo racional para que las deposiciones de los vacunos cuando van al tambo, mezcladas con el agua que se usa para el lavado del lugar de ordeñe, pues no deben terminar contaminando los cursos de agua menores y mayores. “Se debe transformar un pasivo ambiental, que es un efluente, en un activo nutricional”, remarcó.
En ese orden, Aguerre precisó que la cuenca del Santa Lucía es donde se asienta la mayor concentración de producción lechera del país, que coinciden con los cursos de agua que alimentan la red de suministro potable para 70 % de los 3,3 millones de uruguayos.
“El artículo 268 implica un aumento del crédito presupuestal para ejecutar recursos que están disponibles por parte del proyecto convenido con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”, indicó.
“Ambos proyectos están en ejecución y terminarán en 2017 y 2018, pero aún quedan 60 millones de pesos de ese financiamiento por utilizar exclusivamente con pequeños y medianos productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía”, indició el secretario de Estado, quien acotó que la Dirección General de Desarrollo Rural es el área competente en la materia.
En su oratoria ante los parlamentarios, el ministro dijo que los datos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria permiten identificar los diversos sistemas productivos, distribuyéndolo en la cuenca y aplicando lo que se denomina una matriz de riesgo geográfico y ambiental.
Es que no conlleva el mismo riesgo un tambo ubicado a 10 kilómetros de un curso de agua que otro a 700 metros o uno que está arriba de un suelo arenoso que otro sobre suelo arcilloso, de la misma manera que no tiene el mismo riesgo uno de 2.000 vacas que uno de 50.
“Lo que tenemos que hacer, hablando en criollo, es que la bosta que en una vaca (productora) de carne quedaría en el potrero y que en una de leche termina en el hormigón de la sala de ordeñe, vuelva al sistema productivo pastoril”, explicó.
Todas las prácticas sobre manejo de efluentes están relacionadas con las 11 medidas que se aplican junto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, subrayó.
“Quiero destacar que la problemática del río Santa Lucía no es producto de la intensificación productiva de los últimos 10 años, sino que, en buena medida, tiene que ver con la historia de 120 años de agricultura en la cuenca. Por lo tanto, prevenir erosión es prevenir calidad de agua”, puntualizó.
“Es una de las tecnologías que se están aplicando con pequeños y medianos productores, que es juntar los efluentes de los tambos y distribuirlos para transformarlos en fertilizantes”, opinó.
Aguerre señaló que la influencia de los niveles de fósforo lábil, que terminan aumentando la concentración de este elemento en los cursos de agua, genera procesos de eutrofización por la proliferación de algas que determinan los problemas de público conocimiento.
Por tanto se debe reforzar el control de los niveles de dicha sustancia en el suelo”, reconoció el jerarca.
Datos numéricos El aérea de fiscalización en la cuenca abarca 19.122 hectáreas, de las cuales este año van fiscalizadas 9.247. De las mismas, en nueve casos fueron sancionados por no respetar la distancia a fuentes superficiales y uno por cultivo de soja en zona inundable.
En referencia al bosque nativo y plantaciones, sostuvo que desde 1987 existe un promedio de 70 expedientes por año que implican control de corte, transporte y tenencia de productos.
También existen seis casos omisos que representan una superficie de 1.019 hectáreas. Entre 2010-2014 se han aplicado multas por 988.000 dólares, 80 % de los cuales se ha cobrado.
