viernes, 22 de mayo de 2015

Mesa Política del FA toma distancia de Fernández Huidobro

"NO REPRESENTA A ESTA FUERZA POLÍTICA"
Las declaraciones del ministro sobre las Fuerzas Armadas enojaron a la mesa Política.
Eleuterio Fernández Huidobro
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio aprobó por unanimidad una declaración en la que expresa que no comparte las expresiones del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro sobre los derechos humanos y afirma que estas no “representan a esta Fuerza Política”.
Tras señalar su satisfacción ante el resultado de la 20ª. Marcha del Silencio, la Mesa Política indica que el Frente Amplio “mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los Derechos Humanos. Es por ello que la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para esta Fuerza Política”.
Agrega que en cuanto a la verdad “se deberá hacer valer los derechos de todas las víctimas, tanto en los casos no resueltos de desaparición forzada, como en los de detención y tortura. La información surgida de los testimonios de las víctimas deberá ser sistematizada y difundida con su consentimiento, para contribuir a evitar la repetición del inmenso cúmulo de violaciones a sus derechos por parte de militares y civiles”.
Más adelante expresa su respaldo a la la creación, por parte del presidente Tabaré Vázquez, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y finaliza afirmando que “no comparte ni representan a esta Fuerza Política, las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, cro. Eleuterio Fernández Huidobro”.
RECOMENDADO
“Quien sabe cosas del pasado y no habla es cómplice”

A continuación el texto completo de la declaración:
La MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO, reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos,  DECLARA:
1.    Su satisfacción ante el hecho de que la 20ª. Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, convocada bajo la consigna “Basta ya de impunidad: Verdad y Justicia”, fue una de las más grandes desde la primera realizada 20 años atrás, y en especial porque la gran mayoría de los participantes fueron jóvenes, muchos de ellos nacidos después de la dictadura, que se embanderan con el reclamo de Verdad, Justicia, Memoria y nunca más terrorismo de Estado.
2.    Que el Frente Amplio mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los Derechos Humanos.  Es por ello que la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para esta Fuerza Política.
3.    Que este compromiso se expresa claramente en el Programa de Gobierno del Frente Amplio, construido y votado por nuestro pueblo, que en sus líneas estratégicas establece:
•    Garantizar el acceso y la transversalidad de toda la información vinculada a las violaciones de DDHH cometidas en el marco del terrorismo de Estado incluyendo todos los archivos de la represión.
•    Crear unidades especializadas de investigación de las causas sobre violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado
•    Brindar protección y contención psicológica a testigos y acompañamiento jurídico.
•    En el área de la verdad se deberá hacer valer los derechos de todas las víctimas, tanto en los casos no resueltos de desaparición forzada, como en los de detención y tortura. La información surgida de los testimonios de las víctimas deberá ser sistematizada y difundida con su consentimiento, para contribuir a evitar la repetición del inmenso cúmulo de violaciones a sus derechos por parte de militares y civiles.
•    Convertir los centros de represión en espacios museísticos y profundizar en otras prácticas de memoria.
•    Adecuar el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales a los instrumentos internacionales relacionados con los DDHH.
•    Aplicar los Tratados Internacionales sobre DDHH en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de los artículos 332 y 72 de la Constitución.
•    El Estado se hará cargo de las numerosas investigaciones pendientes, a través de los ministerios respectivos, que serán parte activa en la búsqueda de la verdad, facilitando todos los archivos de la represión y toda la información vinculada a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.
4.    Que respalda la creación, por parte del Presidente de la República, cro. Dr. Tabaré Vázquez, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 2015, compartiendo en su totalidad el espíritu y la letra de dicho decreto.
5.    Que en este marco, no comparte ni representan a esta Fuerza Política, las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, cro. Eleuterio Fernández Huidobro.
APROBADA POR UNANIMIDAD      Montevideo, 22 de mayo de 2015

Prescripción se resolverá “caso a caso”

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
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El abogado Óscar López Goldaracena dijo que fallo de la Suprema Corte de Justicia “es un avance”, pero “sigue estando rengo” al no adoptar la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura.
El abogado Óscar López Goldaracena afirmó que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en que se estableció que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos representa “un cambio de posición” del máximo órgano del Poder Judicial, más allá que no adopta “íntegramente” la tesis de la imprescriptibilidad.
“Debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley 15.848 perdió su vigencia, ya que esa ley constituyó un impedimento para el libre ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público”, afirmó la Corte, al desestimar un recurso de prescripción presentado por los dos militares condenados por el crimen de Ubagesner Chaves Sosa.
“Es relevante en cuanto hay un cambio de posición de la SCJ”, porque “si bien no adopta íntegramente la tesis de la imprescriptibilidad”, promueve una tesis que se extendía en el Poder Judicial en cuanto a que “al justamente impedido no le corre término”, ya que “desde que está vigente la Ley de Caducidad impidió la investigación, impidiéndole al fiscal que ejerciera la pretensión punitiva del Estado”.
En este sentido, el abogado valoró que con esta tesis la prescripción se deberá dilucidar “caso a caso”. De esta forma existen tres posibilidades: las causas judiciales que el Poder Ejecutivo excluyó de la Ley de Caducidad, las causas judiciales que fueron reabiertas por el decreto del gobierno de Jośe Mujica y las causas en las cuales la Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional.
En el primer escenario, el plazo de interrupción sería desde el plazo de vigencia de la Ley de Caducidad hasta la fecha en que se excluyó; en el segundo escenario, no se computaría el plazo desde que se aprobó la norma hasta la fecha de dictado del decreto que excluyó todos los casos de esa norma; y en el tercer escenario desde el día en que entró en vigencia hasta la fecha de la sentencia de inconstitucionalidad.
“Habría que ver para cada caso cual es el plazo en que la Ley de Caducidad impidió juzgar”, ya que “la prescripción se alarga por un equivalente”, explicó López Goldaracena, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
Sin embargo, el abogado afirmó que, en una valoración amplia de los hechos, se podría llegar a decir que la prescripción tampoco debería contabilizarse entre el 1º de marzo de 1985 y el día en que se aprobó la Ley de Caducidad. “Esto porque en los hechos, existió un impedimento fáctico para investigar, porque como se recordará la Ley de Caducidad se aprobó porque el Ministerio de Defensa Nacional no entrega citaciones”, por lo que “es de sentido común que ese plazo no debería computarse”.
En este sentido, el abogado dijo que el razonamiento adoptado por la Corte “es un avance en cuanto a las posturas que estaba propugnando, pero sigue estando rengo en relación con lo que mandata el derecho para dilucidar estas cuestiones”. “La obligación del Estado de juzgar e investigar estos crímenes con carácter de imprescriptible ya estaba vigente en la época, y no se trasgrede ningún principio de legalidad porque el derecho ordenaba juzgar”, lo que está amparado en la propia Constitución de la República, dijo.
Asimismo, el abogado afirmó que, en la misma línea que se resolvió el caso de Ubagesner Chaves Sosa se debería dilucidar el expediente donde se investiga la muerte de Aldo Perrini, donde se pidió el procesamiento del general (r) Pedro Barneix, por más que recordó que “las resoluciones de la Corte no generan precedentes”
Más allá de eso, “es indudable que este cambio de postura de la Corte hace presumir que el caso Perrini se resolverá de igual forma, que por más que no nos satisface íntegramente, de todas formas permitiría avanzar en el juzgamiento”. “Si existiera ahora otra vuelta atrás de la Corte, para no permitir juzgar el caso Perrini, llamaría muchísimo la atención”, valoró.

Delitos de la dictadura no prescribieron

FUENTES   CARAS  Y   CARETAS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

Viana: El TISA es antidemocrático

ADHESIÓN DE URUGUAY AL TISA

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución en la cual explica que no brindará la información solicitada por la Justicia respecto a las negociaciones referentes al TISA. El fiscal Enrique Viana, quien realizó la intimación, dijo que ese tipo de acuerdos hacen “desaparecer al Estado – nación” y son antidemocráticos.
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La cancillería negó el pedido de la jueza Mónica Bessio de brindar información respecto al acuerdo de servicios (TISA) que se encuentra en etapa de negociación. La justificación dada por el ente fue que se trata de una negociación internacional, por lo que la divulgación de información podría afectar los intereses de otros estados, según informó Montevideo Portal.
La intimación fue realizada a pedido del fiscal Enrique Viana el pasado 4 de mayo. En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal dijo que lo que más le llama la atención no es la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una carta que fue publicada hoy en el semanario Brecha en la cual diversas personalidad uruguayas expresaron que la adhesión de nuestro país al TISA “afecta su desarrollo a futuro”.
Entre los firmantes se encuentran los ex ministros Roberto Kreimerman y Daniel Olesker, acompañados también de Alejandro Sánchez, Marcelo Abdala, Enrique Rubio, Macarena Gelman, Alberto Couriel y Constanza Moreira, entre otros. En el texto, expresaron su “preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones” del TISA.
El fiscal dijo que le llama la atención porque ya ha realizado denuncias respecto a este tupo de acuerdos, “no sólo por su confidencialidad, sino porque este tipo de acuerdos implican el sometimiento del estado a la voluntad de empresas privadas”.
“Yo lo vengo sosteniendo respecto al tratado de inversiones con Finlandia, lo sostuve en su momento en el contrato de inversión con Montes del Plata, lo sostuve con el tema de Phillip Morris, también respecto a la negociación del contrato con Aratirí y tengo planteado una inconstitucionalidad que está hoy a consideración de la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
Viana dijo que no vio “ningún tipo de reacción” cuando inició dichos accionamientos, “entonces me llama la atención que hoy sí exista con respecto a lo del TISA porque yo leía que algunos acuerdos anteriores son mucho más graves que el TISA o tienen la misma entidad y tienen la misma naturaleza. Acá lo que se busca es que grandes corporaciones tengan poder sobre los estados para manipular la voluntad a favor de sus intereses”.
Para el fiscal, acuerdos como el TISA, “hacen desaparecer el Estado-nación”.
“En éste último caso no solo son antidemocráticos porque son secretos sino por algo más profundo ya que este tipo de acuerdo lo que generan es una fuente de derecho ajena a la soberanía legislativa de los estados y hoy nosotros depositamos en nuestros representantes cada vez que vamos a un acto eleccionario la voluntad de legislar y ya eso no va a tener sentido en la medida que la voluntad de legislar ya no va a estar en manos del estado uruguayo ni del poder legislativo sino que va a estar en manos de estos mecanismos que van a crear derecho a su antojo”, sentenció el fiscal.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

CIDH reclama mayor pluralidad en la TV

Un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que depende de la CIDH, sobre la televisión digital hace hincapié en la democratización de los medios mediante la diversidad.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presentó en Washington el informe temático sobre “Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital diversa, plural e inclusiva”, que fue aprobado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH se expidió al respecto señalando que se trata de un tema actual en la región, dado que varios países se encuentran en plena transición de la televisión analógica a la televisión digital abierta y otros ni siquiera han dado inicio a este proceso que según el organismo internacional “encierra un profundo cambio tecnológico y la adopción de decisiones que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión”.
El informe sostiene que la digitalización permite la convergencia de contenidos y plataformas a través de múltiples tipos de redes, sean el espectro radioeléctrico, cables ópticos o emisiones satelitales. Y señala que con la digitalización los medios audiovisuales pueden mejorar su calidad de transmisión, al tiempo que se produce un ahorro en el uso de las frecuencias radioeléctricas que permitirían la existencia de más señales de televisión.
Por la función que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática, el informe enfatiza que cualquier decisión sobre la transición hacia la televisión digital debe observar principios relacionados con las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la promoción de la diversidad y el pluralismo en todas las plataformas.
En este sentido sostiene que “es necesario establecer principios que orienten la expedición e implementación de leyes para regular los aspectos técnicos de este proceso, pero también con el fin de promover el pluralismo y remover barreras culturales o lingüísticas para el acceso a diversas fuentes de información y aprovechar esta oportunidad única para evitar o reducir la concentración de medios en pocos operadores”.
Justo cuando Uruguay está en un proceso de instalación de la TV digital que ha sido largo y con algunas idas y venidas. El trabajo resalta como uno de los objetivos del proceso de implementación de la televisión digital en la región debería ser la búsqueda de sistemas de medios televisivos más diversos y plurales que los existentes a la fecha con las tecnologías analógicas. Para ello, reclama a los Estados una evaluación de las posibilidades derivadas del ahorro de espectro que permite la digitalización de las emisiones, y definir el uso de los diversos dividendos digitales que se liberan al finalizar la transición.
En el documento, la Relatoría Especial hace un repaso de las buenas prácticas legales y regulatorias que se están llevando a cabo en el hemisferio, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación.
La Relatoría Especial también pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil de la región, principios generales de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco del proceso de la transición hacia la radiodifusión digital. Estos principios buscan servir de guía a gobiernos, órganos legislativos y administrativos, tribunales y sociedad civil, para allanar el camino en este escenario conceptual y técnicamente novedoso y promover la revisión y adopción de legislación y prácticas, en aras de lograr el pleno respeto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de actores en este proceso.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
FUENTES   CARAS  Y   CARETAS

Latinoamérica:  LOS  MEDIOS  DESCONTROLADOS

Mexico, Uruguay y Ecuador avanzan hacia la implementación de una ley de comunicaciones. Brasil aún no pudo lograrlo. Argentina como referencia.
Latinoamérica: los medios descontrolados
En la madrugada del 10 de octubre de 2009, el Senado argentino aprobó una Ley de Medios que echó por tierra la vieja Ley de Radiodifusión de los años de la dictadura. La nueva normativa sufrió constantes embates por parte de la prensa hegemónica, en particular del Grupo Clarín, pero tras años de lucha logró convertirse en una referencia para todos los países de la región.
Así lo sostuvo el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien consideró que la ley argentina "sentó las bases para un movimiento" en toda Latinoamérica. Sin embargo, los avances a nivel regional son mucho más escuetos que lo esperado. Sin ir más lejos, el relator especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, Edison Lanza, aseguró que el continente tiene "un rezago en materia de legislación sobre medios", por lo que es "saludable que los países empiecen a discutir estos temas".
Y la discusión empezó: casi todos los gobiernos de la región pusieron sobre la mesa la necesidad de hablar sobre el papel del periodismo y el rol de los medios dentro de la sociedad. Casi todos incorporaron a la vida cotidiana el término “corporaciones" e impulsaron un debate abierto sobre lo que significa la libertad de expresión, la objetividad y la proclamada independencia de la prensa. Casi siempre encontraron como respuesta una virulenta agresión mediática.
En esa larga marcha, algunos gobiernos se lanzaron directamente a la tarea de democratizar el mapa mediático, con mayor o menor vehemencia. En ciertos casos, fue una oportunidad única para combatir a los oligopolios y abrir el juego a otros sectores de la población menos tradicionales dentro del mundo informativo. En otros, un buen argumento para la conformación de un conglomerado de medios "amigos", pero con diversos resultados.
El 10 de junio de 2013, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó una reforma de telecomunicaciones para actualizar el marco regulatorio de radio y televisión, estancado desde 1960. La nueva ley impone sanciones a las empresas que controlan más del 50% del mercado, algo que allí ocurre con las compañías de TV abierta, cable, telefonía móvil y fija, y el servicio de Internet.
Existen dos grupos empresariales que acaparan gran parte del negocio: América Movil, del magnate Carlos Slim, que concentra el 61,5% del rubro telecomunicaciones; y Televisa, de Emilio Azcárraga, que posee el 67% de los televidentes.
La discusión en México se da entre quienes creen que la ley es un freno al poder de los pulpos mediáticos y quienes opinan que, en realidad, se trata de un intercambio de favores. Así lo sostiene Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, quien declaró que con la normativa "Televisa recibe su acceso a la telefonía y Carlos Slim recibe su canal televisivo. No estamos de acuerdo eporque lo único que hacen es diversificar los oligopolios". Es conocido el apoyo que Televisa dio a Peña Nieto en su carrera hacia la presidencia, allá por el año 2011, publicó Tiempo Argentino.
Voces críticas también consideran que la ley se recuesta en la regulación de un servicio público mercantilizado, sin comprender que la comunicación es un derecho humano básico e inalienable. Desde el diario La Jornada aseguraron que "tal vez la carencia más grave de la iniciativa se refiera al silencio que guarda sobre los medios comunitarios y sociales a través de concesiones de uso social sin fines de lucro y a que se reserve, cuando menos, el 3% del espectro para ello".
Uruguay también tiene su ley de medios cuando el pasado 29 de diciembre fue promulgada por el ex presidente José Mujica. Estipula que ninguna persona física o jurídica podrá tener más de seis licencias de TV en todo el país, ni más de tres si una de ellas está en la ciudad de Montevideo. Además, ningún proveedor de servicio de TV podrá tener más del 25% del total de hogares abonados al cable en el país.
La intención es ampliar el reparto de la torta mediática, actualmente concentrada en un oligopolio de tres empresas nacionales que dominan la televisión abierta: grupos Romay (Canal 4), De Feo-Fontaina (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12). Desde hace algunos años, además, existen nuevos actores de la comunicación que empezaron a ejercer competencia, sobre todo en el mercado de la televisión por cable. El Grupo Clarín, por ejemplo, ofrece ese servicio para más de 100 mil abonados a través de Cablevisión. Mediante esa red, el grupo argentino se constituyó como un actor importante dentro del mercado uruguayo. El propio Mujica había hablado sobre el tema el año pasado: "La peor amenaza –dijo– es que todavía venga alguno desde afuera y se termine apropiando de estos medios. Más clarito: yo no quiero que Clarín, O Globo o (Carlos) Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay."
Pese a su corta vida, la ley uruguaya ya fue impugnada por una decena empresas, entre ellas DirecTV. Los operadores alegaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que la nueva regulación contradice diversos artículos de la Constitución y sostienen, como en otros países de la región, que afecta la libertad de expresión. El presidente Tabaré Vázquez decidió frenar su reglamentación hasta que la SCJ se pronuncie.
La situación es aún más compleja en Ecuador. La nueva Ley de Comunicación comenzó a regir el 14 de junio de 2013 y por estos días iniciará uno de sus procesos clave: realizará el primer concurso para comenzar a distribuir frecuencias de radio y televisión. Se trata delprimer reparto establecido en la ley, que además regula el ámbito de la prensa escrita, y tiene entre sus pilares la conformación de un mapa comunicacional equitativo entre medios públicos, privados y comunitarios. Al igual que en la ley argentina, cada sector deberá tener en el futuro un tercio del espacio radioeléctrico.
Sin embargo, a casi dos años de su sanción, los especialistas consultados coincidieron en que su grado de aplicación y la proliferación de grupos cuyo único fin es apoyar al gobierno de Rafael Correa. Además, el sector privado todavía mantiene el poder de fuego con el que contaba en 2010, cuando apoyó el golpe de estado contra el presidente. También hubo fuertes cuestionamientos por la inclusión de la figura del "linchamiento mediático", que permite sancionar a periodistas ante la reiteración de informaciones difundidas "con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de cualquier persona". Frank La Rue, muy elogioso de la ley argentina, advirtió que la normativa ecuatoriana "tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa".
Entre los países que más reclaman una nueva ley de medios pero que menos hacen en ese sentido aparece Brasil. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff insistió en la "regulación" económica de los medios porque "en cualquier sector en que hay una concentración de la propiedad cabe una regulación sobre la base económica". Su ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini, volvió a anunciar que el gobierno va a promover una ley para desconcentrar el mapa mediático y actualizar la normativa que rige desde 1962, pergeñada por la dictadura militar. Pero, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas.
Cada vez son más los países que coinciden en la necesidad de dar una discusión sobre su estructura de medios. Una batalla que, en algunos rincones, recién empieza. 
FUENTES   DE  INFO  NEWS
Latinoamérica: los medios descontrolados
  


Quejas al control oficial de TV masivas por “cosificar” mujeres, en 
programas que se ven en Uruguay - Noticias Uruguay LARED21



¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

jueves, 21 de mayo de 2015

Fiscalía pidió condena de Purtscher

POR AMENAZAS A OPERADORES JUDICIALES
La Fiscalía solicitó la condena del general (r) Wile Purtscher, por las amenazas contra los operadores judiciales que actuaron en el proceso judicial, que culminó con la condena del general Miguel Dalmao.
juzgado corte
El fiscal Ariel Cancela solicitó este jueves la condena del general (r) Wile Purtscher, por las amenazas emitidas en una carta pública contra los operadores judiciales que actuaron en el proceso judicial por el homicidio de Nibia Sabalsagaray, que culminó con la condena del general Miguel Dalmao.
El representante del Ministerio Público analizó las pruebas incorporadas en la causa y solicitó la condena del militar por un delito de “amenazas”. Además, solicitó que se le aplique una multa de 200 Unidades Reajustables (UR), según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
Purtscher fustigó, en una misiva publicada en Cartas al Director, de Búsqueda, la actuación de la ex fiscal Mirtha Guianze y el juez Rolando Vomero en torno al procesamiento y posterior condena del general Dalmao, por el homicidio de Sabalsagaray, y afirmó que ahora quiere “venganza”, la cual “llegará por algún medio”.
“Ahora soy yo el que quiero venganza. Y esta llegará por algún medio. También sabremos esperar, también seguiremos esperando para demostrar el prevaricato que han cometido en el juicio al general (Dalmao)”. “Mi amigo descansa ahora en paz, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del general, al igual que ustedes lo hicieron, persiguiéndolos estaremos”, agregó.
Ante esto, el fiscal Cancela decidió actuar de oficio y solicitó el inicio de un proceso penal contra el oficial, para analizar la posible existencia de ilícitos en sus dichos, y solicitó recabar el testimonio de Vomero y Guianze. El magistrado declaró por escrito, en tanto la presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) compareció este jueves ante la Sede, de forma de conocer su parecer ante esta situación.
Tras conocer el dictamen de la Fiscalía, la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, decidió fijar audiencia para el próximo lunes 25, a las 14:00 horas, para el dictado de sentencia, 

Delitos de la dictadura no prescribieron

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

Delitos de la dictadura no prescribieron

LEY DE CADUCIDAD IMPIDIÓ INVESTIGAR
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó la tesis donde se establece que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos.
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El período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos de la dictadura, ya que esa norma constituyó un “impedimento” para el desarrollo de las investigaciones judiciales, según estableció la Suprema Corte de Justicia, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
De esta forma, la Corporación, por mayoría de 3 a 2, se plegó a una tesis esgrimida por dos Tribunales de Apelaciones y varios jueces, en cuanto a que la mayoría de los ilícitos no están prescriptos. Esta postura del máximo órgano del Poder Judicial abre la posibilidad para que la Justicia puede seguir investigando los crímenes perpetrados durante la dictadura.
La resolución de la Corte fue emitida tras un recurso de casación interpuesto por la defensa de los militares Enrique Ribero y Uruguay Araújo Umpiérrez, condenados en 2010 por el homicidio muy especialmente agravado del militante comunista, Ubagesner Chaves Sosa.
“El cómputo del plazo de prescripción en casos como el de autos en los que los hechos delictivos denunciados se cometieron por agentes estatales por móviles políticos durante el régimen militar pasado, debe guiarse por ciertos criterios o pautas jurídicas ya expuestos en anteriores ocasiones”, según estableció la Corte.
De esta forma, “no corresponde computar el período transcurrido durante el gobierno de facto”, ya que “si el titular de la acción penal, el Ministerio Público, estaba impedido de ejercer su poder-deber, no le pudo correr el plazo de prescripción”. Por este motivo, “debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley 15.848 perdió su vigencia, ya que esa ley constituyó un impedimento para el libre ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público”.

Esta tesis contó con el respaldo de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, al tiempo que se pronunciaron en discordia los ministros Jorge Chediak y Felipe Hounie. Los ministros de la minoría consideraron que “no surge que la Ley 15.848 hubiera significado un obstáculo a las investigaciones y al normal funcionamiento del Poder Judicial”.
El posicionamiento de la Corte en relación a este punto era esperado por las organizaciones de derechos humanos y también por la defensa de los militares imputados por graves los crímenes perpetrados durante la dictadura, por cuanto marcaría la tendencia que asumirá la jurisprudencia en esta causa.
Se estimaba que el fallo podía emitirse en relación al expediente donde se investiga la muerte por torturas de Aldo Perrini, que esta próximo a resolverse. Al ser una mayoría de 3 a 2 habrá que aguardar caso a caso, ya que si uno de los ministros de la mayoría se abstiene de intervenir se podría producir un cambio en la tendencia.

Gelman: “No se discrimina al ejército”

La integrante del Grupo de Trabajo Sobre los Derechos Humanos, Macarena Gelman, dijo a Caras y Caretas que no se discrimina al ejército y se mostró optimista con el avance posible a partir de este organismo.
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El Poder Ejecutivo oficializó la integración del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que instituyera el presidente de la República, Tabaré Vazquez.
 el grupo está integrado por actores de distintos sectores políticos, sociales y religiosos además de representantes del Poder Ejecutivo.
Los siete nombres que componen esta comisión son: Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota.
La diputada Macarena Gelman, integrante del novel organismo, dijo a Caras y Caretas Portal que se está en una etapa de coordinación del trabajo a seguir, definiendo los mecanismos internos de funcionamiento. Al señalar esto aclaró que a pesar que se venían trabajando desde hace un tiempo, a partir de esta oficialización el grupo está definiendo los pasos a seguir en materia del trabajo.
La legisladora se mostró optimista en que está comisión aúne las voluntades necesarias para alcanzar resultados positivos entorno al reclamo de verdad y justicia.
Gelman destacó que la información central para comenzar los trabajos, “es la aportada por quienes sufrieron el terrorismo de Estado”.
En ese sentido reivindicó que hubo cientos de compatriotas que durante todo el proceso democrático (30 años) no tuvieron la posibilidad de acercarse a la verdad y justicia.
La representante del Frente Amplio reclamó una actitud proactiva de parte del gobierno y como primer punto de trabajo estableció que se revisarán las leyes de reparación.
Gelman se refirió a la polémica instalada tras los discursos del Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos y del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Macarena enfatizó que para nada siente que se discrimine al Ejército.

Ejecutivo aprobó decreto que crea el programa Ibirapitá


Equidad e inclusión social 

Bajo la órbita del Plan Ceibal, el Poder Ejecutivo creó el programa que dotará de una tablet a jubilados y pensionistas de todas las cajas con ingresos inferiores a 25,000 pesos uruguayos. Asimismo, constituirá una comisión conjunta con el Banco de Previsión Social e institutos para apoyar la implementación de esta iniciativa.
El decreto establece que el Centro Ceibal es la institución adecuada para coordinar el Plan Ibirapitá, debido a la experiencia acumulada en el diseño, implementación, medición y seguimiento de  proyectos sobre inclusión digital.

También le asigna la responsabilidad de presentar la planificación financiera al Poder Ejecutivo, ya que los recursos que se destinen serán canalizados a través del Centro Ceibal. 

El programa prevé que en los últimos cuatro meses de este año se entreguen 30.000tablets, y que para el quinquenio sean 400.000 jubilados y pensionistas beneficiados. El próximo 19 de junio, en la celebración del Día del Abuelo y Natalicio de Artigas, los primeros pasivos recibirán su computadora. 

El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, había anunciado que el nombre de esta acción rendiría homenaje al árbol de Artigas en sus épocas de anciano. 

Llamados abiertos
El Plan Ceibal efectuó dos llamados abiertos, con fecha para postularse hasta el 26 de mayo inclusive. 

Un llamado refiere a la búsqueda de coordinadores de territorio y otro, al diseño e implementación de la estrategia  de formación de adultos mayores para el uso de las tablets.

COMIENZA LA ENTREGA EN JUNIO; PERMITIRÁN HACER TRÁMITES

Tablet para pasivos tiene nombre: Ibirapitá


El Poder Ejecutivo creó formalmente el programa que tendrá a su cargo la entrega de tablets a los jubilados, que será diseñado e implementado por el centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia.

El programa se denominará Ibirapitá y prevé que 400.000 jubilados cuenten con tablets una vez que esté totalmente implementado. En la segunda mitad de este año se entregarán unas primeras 50.000 unidades. Los primeros pasivos las recibirán el próximo 19 de junio.
La entrega de estos aparatos fue una promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez luego de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Los oferentes en las licitaciones que ya fueron convocadas por el Plan Ceibal deberán presentar un software capaz de acceder de manera amena a una plataforma que permita llevar adelante trámites de UTE, Antel, OSE, BPS y de las distintas intendencias del país.
Las condiciones de la licitación dejan abiertas las puertas a los oferentes para que presenten tablets que también fun-cionen como celulares. Ade- más, el llamado señala que los aparatos deben contar con un estuche y que se valorarán otros accesorios, como ser auriculares.


El software que ofrezcan los oferentes debe ser amigable y sencillo y contener "aplicaciones" y acceso a servicios organizados en un árbol de categorías. A modo de ejemplo, el primer nivel podría incluir Salud, Trámites, Entretenimiento, Libros, Comunicación, etcétera. El gobierno quiere que los pasivos puedan tener acceso a publicaciones web de interés general, como por ejemplo portales de noticias y cartelera de espectáculos, a contenidos "multimedia", a galerías de fotos, música y video y a "herramientas de comunicación como "chat", correo electrónico, videollamadas y redes sociales.
El Poder Ejecutivo exhortó en el decreto que creó el Programa Ibirapitá al Banco de Previsión Social y a otras instituciones de previsión social a apoyar la implementación del programa y constituir una comisión de trabajo con el Centro Ceibal. A este centro le corresponderá presentar la programación financiera de este programa al Poder Ejecutivo.
Los considerandos del decreto que crea el programa Ibirapitá señalan que "es de interés público la promoción e instrumentación de programas que propendan a la igualdad de acceso al conocimiento e inclusión social de todos los sectores de la sociedad".


Garantizan continuidad del plan Operación Milagro

El 19 de junio se entregará la primera tablet a jubilados

En coincidencia con el Día del Abuelo y el Natalicio de Artigas dará comienzo la entrega.


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