sábado, 23 de mayo de 2015

Moreira criticó al FA por no aplicar Ley de Medios “El FA está estancado”

ANÁLISIS POSELECTORAL
Constanza Moreira afirmó que el Frente Amplio debe darse a sí mismo “un tirón de orejas” en referencia a la no aplicación de la obligatoriedad de igualdad de tiempos en televisión para los partidos políticos en las pasadas elecciones departamentales.


Dicho postulado de la ley distribuía la publicidad electoral gratuita en función de los votos de cada partido en la elección anterior y como el Partido de la Concertación debutó en las departamentales de mayo, no le hubiera correspondido espacios gratuitos en televisión.
Al respecto, la senadora criticó en el ciclo de análisis “Conversaciones disonantes” realizado en el bar Los Girasoles que el FA “en negociación con blancos y colorados” decidió no aplicar tal postulado en las elecciones departamentales y dejarlo para las próximas elecciones de 2019.

Para Moreira, si esto no hubiera sido así, el espacio del candidato de la Concertación Edgardo Novick “hubiera sido considerablemente menor al que tuvo”, porque “el electorado de Novick conquista a una parte seguramente muy politizada, pero no a otra de baja politización e información relativa”. De esa forma, opinó que muchos de esos votantes “consumieron la marca Novick vehiculizada en la ciudad a través de los medios”.
Sobre ello, alertó que “todo el sistema político debe colocar un gran ojo” en este tipo de fenómenos a la hora de tomar decisiones referentes a los medios; y fue a más asegurando que “Novick demuestra que sí había espacio para la compra de votos en Uruguay”.
La senadora había sostenido días atrás que “los resultados del pasado 10 de mayo no fueron malos, tampoco buenos”. Como argumentos, citó que el FA retuvo tres de los cinco gobiernos departamentales que ya detentaba, recuperó dos de los cuatro que había tenido previamente y se hizo, por apenas doscientos votos, con Río Negro. No obstante, opinó que la pérdida de Maldonado y Artigas, “dejó un regusto amargo”.
Sobre Montevideo, apuntó que “apenas se pudo festejar la recuperación de votos en Montevideo donde la pérdida de los municipios “CH” y “E” amerita un análisis aparte”. “La baja votación en el tercer nivel de gobierno en la capital trasciende a las personas y recae sobre las propias estructuras creadas, y sobre las dificultades que las mismas tienen para ser apropiadas por unos ciudadanos que las siguen viviendo con extrañamiento, ajenidad o indiferencia”, sentenció.
“Varias lecciones”
La senadora afirmó en una columna titulada “Lo raro, lo nuevo y lo viejo en las elecciones de 2015” que “ninguna reforma electoral alterará el hecho de que se debe pasar de una estrategia global a 19 estrategias departamentales” y que “volver a compactar las elecciones, solo va a desjerarquizar las departamentales”.
“El cansancio es de los dirigentes, no de los electores. Y lo que tiende a volver difíciles las campañas electorales no es el cansancio, sino el dinero”, sentenció.
FUENTES  LA REPUBLICA . COM.UY

Constanza Moreira: “El FA está estancado”
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Para el espacio Casa Grande de la senadora Constanza Moreira, el Frente Amplio está estancado y necesita realizar un análisis de la perdida de electores en Montevideo, Canelones y Maldonado.
El espacio Casa Grande de la senadora Constanza Moreira, realizó este jueves una actividad de análisis de las elecciones departamentales y nacionales. En el encuentro llamado “Conversaciones disonantes. Las atípicas elecciones de mayo 2015”, hicieron uso de la palabra: Andrea Delbono, Andrés Scagliola, Damián Rodríguez, Rafael Paternain, Serrana Castro, Susana Mallo y Constanza Moreira.
En su análisis senadora Constanza Moreira insistió en que el Frente Amplio (FA) está estancado desde hace cinco años, tanto en las elecciones nacionales como en las departamentales.
“Hay un escandaloso empantanamiento del Frente Amplio”. La senadora destacó que, de octubre a mayo, el FA pierde sistemáticamente el 6 por ciento del electorado, sucedió en 2009-2010 y en 2014-2015.
Constanza Moreira dijo que la derrota en Maldonado fue significativa porque es la primera que se pierde después de 10 años de gobierno.
Sobre los municipios señaló que al votar sólo la cuarta parte del electorado, tiene baja legitimidad.
“Hace mucho tiempo que las clases medias y medias altas están huyendo del Frente Amplio y eso se expresa en la perdida de los municipios ch y e”.
Afirmó que es un fenómeno importante para analizar porque esos sectores son los que tiene una gran capacidad de influencia y de crear imágenes.
El fenómeno Novick
Andrés Scagliola hizo un análisis sobre la candidatura de Edgardo Novick. Dijo que el candidato de la Concertación “introdujo algo atípico en la elección”.
Sobre la escasa votación a alcaldes en Montevideo afirmó: “Hay cosas que tienen que ver con las prácticas políticas, como por ejemplo: ensobrar o no ensobrar, y otras que tiene que ver con qué jerarquía se le da a lo municipal. Es una paradoja como la izquierda accede al poder desde lo local, pero cuando llega al gobierno nacional empieza a restarle importancia al nivel departamental”.
Dijo que Novick que es una incógnita. Comentó que su programa parece redactado por una agencia de publicidad.
“Novick es una persona que no cree en las ideologías y sí en la política como mera administración. En lugar de contraponer izquierda y derecha contrapone ‘hacer las cosas bien contra hacer las cosas mal’. Este señor vacía de contenido lo que es izquierda y derecha”.
Scagliola señala a Novick como un precursor de la Concertación, ya que asesoró tanto a Batlle como a Lacalle, y es una especie de “Mauricio Macri o Sebastián Piñera a la uruguaya. Cuenta con una base social que reúne a sectores de clases altas y también de las clases populares”.
El especialista señaló que Novick es un llamado de atención al sistema político. “Tenemos que tomar ven serio a este tipo de personajes”, concluyó.
La pérdida de Maldonado
El politólogo Damián Rodríguez hizo un análisis sobre la elección en Maldonado, donde el Frente Amplio perdió con el Partido Nacional.
Después de diez años de gobierno de Óscar de los Santos, volvió a la intendencia el nacionalista Enrique Antía.
Rodríguez dijo que hay que analizar la correlación de fuerzas a la interna de los partidos, en especial en el caso de Maldonado. Se preguntó por qué al Frente Amplio “le duele” más perder Maldonado que Artigas.
“¿Cuál es la diferencia? Estratégicamente no es lo mismo, porque Maldonado es tomado como la cara visible del Uruguay turístico donde convergen muchos proyectos”, afirmó.
“El FA tiene problemas para repetir las conquistas” afirmó y agregó que en el departamento fernandino “la gota que derramó el vaso” fue el problema de la contaminación del agua que sufrió las semanas antes de las elecciones.
Rodríguez se preguntó si “las declaraciones y las contradeclaraciones desde Presidencia y desde OSE no provocaron que los fernandinos visualicen al FA como un mal gestor. Además no puedo dejar de desconocer que la conflictiva elección interna, un año antes de las departamentales, fue ayudó al desgaste de las fuerza del Frente Amplio en el departamento”.
Orsi en Canelones
Por su parte, Serrana Castro perteneciente a la Lista 3311 de Canelones apoyando a Yamandú Orsi, dijo en su presentación que el Frente Amplio votó mejor en Las Piedras, Pando y Solimar, “pero hay lugares que todavía son muy conservadores como el santoral”.
Castro señaló que la agrupación tuvo poco tiempo, alrededor de un mes, para hacer campaña.
“Sufrimos como un desmembramiento y debimos tomar decisiones, no sabíamos si íbamos a salir. En una primera instancia queríamos seguir posicionando a la 3311, tuvimos carlas y negociaciones con varios sectores, pero queríamos seguir con la marca de Casa Grande. Nos largamos solos con la lista pero dentro de un sublema”, dijo.
Castro señaló que no participaron de los comicios con el sublema del Movimiento de Participación Popular (MPP) sino con el Partido Comunista (PC).

FUENTES  DE  CARAS  Y  CARETAS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?


“Quien sabe cosas del pasado y no habla es cómplice”



RECHAZÓ DICHOS DEL CENTRO MILITAR

El viceministro del Interior, Jorge Vázquez, rechazó las declaraciones de Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar, sobre la búsqueda de los desaparecidos. A título personal, opinó que quienes saben que otro tiene información y no lo dicen son cómplices de los delitos cometidos. “Cuando alguien dice yo no sé nada pero hay alguien que sabe y no lo dice, está siendo cómplice. Y en Uruguay hay mucha gente que sabe de estas cosas”, afirmó Vázquez.


El presidente del Centro Militar había afirmado el jueves que las Fuerzas Armadas ya proporcionaron toda la información que tenían sobre el destino de los desaparecidos, pero que hay personas que tienen datos.
Para Cedrés, a esas personas hay que “ofrecerles algo” para que digan lo que saben. “Si no hay algo que motive que esas personas puedan decir algo, no sé… los demás no sabemos nada. Conmigo y con el 99% de la fuerza no van a averiguar nada”, sostuvo.
Vázquez apuntó además que la gente que marchó en silencio este 20 de mayo pide justicia pacíficamente y que tienen derecho a saber la verdad. “No son un grupo de resentidos (como los denominó Cedrés), están buscando justicia; saber qué pasó con sus hijos, con sus nietos, con sus padres”, señaló el subsecretario.
El jerarca señaló que “el pueblo uruguayo tiene la necesidad, la obligación moral y el derecho de saber lo que pasó”. Para Vázquez “el punto final” se dará recién “cuando los uruguayos sepan qué fue lo que pasó y nos dejemos de pavadas unos y otros. Si esto fue una guerra o no, si hubo ganadores o perdedores… acá el único que está perdiendo es el pueblo uruguayo”.
Ley de Amnistía
Cedrés volvió a ser consultado ayer sobre el alcance de sus dichos. En declaraciones a TNU (Canal 5) afirmó que a quienes posean información hay que “ofrecerles algo”. Consultado sobre qué motivaría a los militares a hablar, dijo que tal vez una “ley de amnistía”.

El nieto de Julio Castro opinó que la absolución de Zabala del asesinato de su abuelo fue “un golpe fuerte” y que la lógica del fallo es muy dudosa.

“Creen que construyen la paz en nombre del conjunto de la sociedad”











Cedrés reclamó que la Comisión por Verdad y Justicia investigue desde 1962

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CENTRO MILITAR SOBRE LA MARCHA DEL SILENCIO
El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés, realizó este jueves polémicas declaraciones sobre la Marcha del Silencio, y pidió al gobierno que “motive” de alguna manera a los militares que puedan tener información sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura.


Consultado acerca de la Marcha del Silencio de este miércoles, Cedrés dijo que hay cosas más importantes en el país que merecen atención.
“Bueno, es un hecho que lo realizan determinadas personas que tienen un resentimiento especial por algo que les ha sucedido y que no lo han todavía asimilado debidamente”, dijo el militar retirado en entrevista de Subrayado.
“Acá se produjo, lamentablemente, una guerra muy fea, muy atroz. Y que a veces las personas, por intereses personales, piensan solamente eso y no piensan que el funcionamiento de un país es bastante más que eso. En estos momentos una multinacional dejó tirados a 700 obreros”, agregó en declaraciones a la prensa tras celebrar un nuevo aniversario del Centro Militar.
“Entonces hay cosas que son bastante, tan o más importantes que esos hechos como para tener que detenernos en algo en particular. Yo no escucho a determinados legisladores ahora que se hayan preocupado porque quedaron tirados los obreros de la regasificadora, por ejemplo, y ese es un hecho muy grave”, comentó Cedrés.
También reclamó resarcimiento económico para los militares que enfrentaron a la guerrilla tupamara: “Ni siquiera los servidores públicos han sido resarcidos económicamente y sí han sido resarcidos económicamente todas las personas que han combatido al Estado uruguayo”.
Consultado sobre el grupo de trabajo que creó el presidente Tabaré Vázquez para investigar los delitos cometidos antes y durante la dictadura, desde 1968 a 1985, Cedrés reclamó que se comience en 1962, cuando comenzaron a actuar los tupamaros.
En ese sentido defendió a José Mujica y al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro: “Hay dos personas que hacen autocrítica, el ex presidente Mujica y Fernández Huidobro. Son dos personas que reconocen que pasó, que hubo una guerra”.
Información
El presidente del Centro Militar dijo que las Fuerzas Armadas ya proporcionaron toda la información que tenían sobre el destino de los desaparecidos. “Las demás cosas son individuales, son temas de cada persona.
En el ámbito de la Justicia el sospechado no comete falso testimonio, o sea que puede perfectamente no decir lo que él hizo”, destacó. “Aparte, si no hay algo que motive que esas personas puedan decir algo, no sé, los demás no sabemos nada.
Es un problema con cada uno. Que les ofrezcan. Si usted quiere averiguar algo habrá que hablar con quien sepa, y a quien sepa ofrecerle algo”, agregó. “Conmigo y con el 99% de la fuerza no van a averiguar nada porque no sabemos”, afirmó ayer Cedrés. Esto implicaría que el “1%” de la fuerza (unos 150 efectivos) eventualmente sí manejan algún tipo de información relevante.
Excavaciones: prorrogarán convenio
En los próximos días se estará firmando la prórroga del convenio entre la Presidencia de la República y la Universidad de la República para la continuidad de las excavaciones para la búsqueda de restos de desaparecidos.
El convenio que se firmará a la brevedad será idéntico al que estuvo vigente en el período pasado, aunque precisó que abre la posibilidad de incorporar otros servicios prestados por la Udelar. Las tareas las venía realizando un equipo de antropólogos forenses de la Facultad de Humanidades.
“Ya está a punto (de firmarse), solo restan detalles burocráticos. Se sortearon todas las dificultades que pudieran surgir”, aclaró anoche Felipe Michelini, integrante de la Comisión de Verdad y Justicia creada recientemente por la Presidencia de la República. Explicó que la prórroga garantizará la continuidad de las tareas.
No obstante ello, en los próximos meses se estará estudiando la posibilidad de implementar un nuevo convenio entre la Presidencia y la Udelar que entraría en vigencia a partir de enero del 2016.
Esta nueva propuesta se estará definiendo en base a los planes de trabajo que acuerde la Comisión de Verdad y Justicia. “Se sigue una línea a dos tiempos”, dijo Michelini. Por un lado continuar con las condiciones establecidas en el convenio anterior para no suspender las tareas y por otro, ir preparando nuevas pautas de trabajo para ser aplicadas en el 2016.
FUENTES  LA REPUBLICA . COM.UY

“Indignación” por dichos del Centro Militar

Jorge Vázquez fustigó los dichos del presidente del Centro Militar: el pueblo uruguayo tiene el “derecho” a saber que pasó con los desaparecidos.

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El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo sentir “indignación” con las recientes expresiones de representantes del Centro Militar y afirmó que las personas que participan de la Marcha del Silencio no piensan “en venganza ni en ajustes de cuentas”, sino en saber la “verdad” sobre lo que pasó con sus familiares.
Vázquez fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. En este sentido, el jerarca dijo que no le corresponde interpretar las palabras del ministro, y que es él quien debe defender sus palabras. Sin embargo, sin mencionarlo en forma directa, fustigó las expresiones del presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés.
En este sntido, Vázquez consideró “lamentable” que en el actual contexto “todavía haya gente que oculte información y mantenga un número importante de familiares sumidos en la duda de qué pasó con su familia”, según la crónica de Montevideo Portal. Y reclamó que las personas aporten información para que se conozca la verdad de lo que sucedió.
“No estamos pensando en venganza ni en ajustes de cuenta, sino en que los uruguayos tienen el derecho de saber qué fue lo que pasó. Y los familiares tienen el derecho de saber dónde están sus familiares desaparecidos. En Uruguay desaparecieron padres, niños, mujeres embarazadas, y lo debemos saber para que este fenómeno no se repita”, expresó Vázquez.
“Lamento muchísimo algunas manifestaciones que se dieron en las últimas horas donde alguien dice que es un grupo de resentidos que están atrás de la ‘verdad’. Acá hay un país que está atrás de la verdad, no son un grupo de resentidos, no están buscando justicia por mano propia, están buscando Justicia, saber qué pasó con sus hijos, con sus nietos, con sus padres”, señaló.
En este sentido, Vázquez afirmó que el reclamo se sustenta en “los sentimientos más profundos del ser humano”, por lo que “no puede haber alguna persona que diga qué me dan a cambio de esto”. “A cambio de eso no se da nada, es la dignidad humana. Esto tiene verdad, justicia, eso es lo que el pueblo uruguayo necesita”.
“Cuando uno dice ‘yo no sé nada pero hay gente que sabe’ y no lo dice, está siendo cómplice de los que no lo dicen. En Uruguay hay mucha gente que sabe. Generan mucha más indignación las expresiones actuales de algún ex jerarca militar que lo que estaba reclamando el día 20 (de mayo) la gente en la calle, que lo único que quería saber era la verdad acerca de lo que pasaba”.
“El punto final es cuando los uruguayos sepan qué fue lo que pasó y nos dejemos de pavadas entre unos y otros, si esto fue una guerra o no fue una guerra. Si acá hubo perdedores o ganadores. Acá el único que está perdiendo es el pueblo uruguayo, que tiene la responsabilidad, la obligación moral y el derecho a saber qué fue lo que pasó”, concluyó Vázquez.

FUENTES  DE  CARAS  Y  CARETAS

Mesa Política del FA toma distancia de Fernández Huidobro

viernes, 22 de mayo de 2015

Mesa Política del FA toma distancia de Fernández Huidobro

"NO REPRESENTA A ESTA FUERZA POLÍTICA"
Las declaraciones del ministro sobre las Fuerzas Armadas enojaron a la mesa Política.
Eleuterio Fernández Huidobro
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio aprobó por unanimidad una declaración en la que expresa que no comparte las expresiones del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro sobre los derechos humanos y afirma que estas no “representan a esta Fuerza Política”.
Tras señalar su satisfacción ante el resultado de la 20ª. Marcha del Silencio, la Mesa Política indica que el Frente Amplio “mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los Derechos Humanos. Es por ello que la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para esta Fuerza Política”.
Agrega que en cuanto a la verdad “se deberá hacer valer los derechos de todas las víctimas, tanto en los casos no resueltos de desaparición forzada, como en los de detención y tortura. La información surgida de los testimonios de las víctimas deberá ser sistematizada y difundida con su consentimiento, para contribuir a evitar la repetición del inmenso cúmulo de violaciones a sus derechos por parte de militares y civiles”.
Más adelante expresa su respaldo a la la creación, por parte del presidente Tabaré Vázquez, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y finaliza afirmando que “no comparte ni representan a esta Fuerza Política, las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, cro. Eleuterio Fernández Huidobro”.
RECOMENDADO
“Quien sabe cosas del pasado y no habla es cómplice”

A continuación el texto completo de la declaración:
La MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO, reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos,  DECLARA:
1.    Su satisfacción ante el hecho de que la 20ª. Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, convocada bajo la consigna “Basta ya de impunidad: Verdad y Justicia”, fue una de las más grandes desde la primera realizada 20 años atrás, y en especial porque la gran mayoría de los participantes fueron jóvenes, muchos de ellos nacidos después de la dictadura, que se embanderan con el reclamo de Verdad, Justicia, Memoria y nunca más terrorismo de Estado.
2.    Que el Frente Amplio mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los Derechos Humanos.  Es por ello que la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para esta Fuerza Política.
3.    Que este compromiso se expresa claramente en el Programa de Gobierno del Frente Amplio, construido y votado por nuestro pueblo, que en sus líneas estratégicas establece:
•    Garantizar el acceso y la transversalidad de toda la información vinculada a las violaciones de DDHH cometidas en el marco del terrorismo de Estado incluyendo todos los archivos de la represión.
•    Crear unidades especializadas de investigación de las causas sobre violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado
•    Brindar protección y contención psicológica a testigos y acompañamiento jurídico.
•    En el área de la verdad se deberá hacer valer los derechos de todas las víctimas, tanto en los casos no resueltos de desaparición forzada, como en los de detención y tortura. La información surgida de los testimonios de las víctimas deberá ser sistematizada y difundida con su consentimiento, para contribuir a evitar la repetición del inmenso cúmulo de violaciones a sus derechos por parte de militares y civiles.
•    Convertir los centros de represión en espacios museísticos y profundizar en otras prácticas de memoria.
•    Adecuar el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales a los instrumentos internacionales relacionados con los DDHH.
•    Aplicar los Tratados Internacionales sobre DDHH en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de los artículos 332 y 72 de la Constitución.
•    El Estado se hará cargo de las numerosas investigaciones pendientes, a través de los ministerios respectivos, que serán parte activa en la búsqueda de la verdad, facilitando todos los archivos de la represión y toda la información vinculada a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.
4.    Que respalda la creación, por parte del Presidente de la República, cro. Dr. Tabaré Vázquez, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 2015, compartiendo en su totalidad el espíritu y la letra de dicho decreto.
5.    Que en este marco, no comparte ni representan a esta Fuerza Política, las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, cro. Eleuterio Fernández Huidobro.
APROBADA POR UNANIMIDAD      Montevideo, 22 de mayo de 2015

Prescripción se resolverá “caso a caso”

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Oscar_López_Goldaracena
El abogado Óscar López Goldaracena dijo que fallo de la Suprema Corte de Justicia “es un avance”, pero “sigue estando rengo” al no adoptar la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura.
El abogado Óscar López Goldaracena afirmó que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en que se estableció que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos representa “un cambio de posición” del máximo órgano del Poder Judicial, más allá que no adopta “íntegramente” la tesis de la imprescriptibilidad.
“Debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley 15.848 perdió su vigencia, ya que esa ley constituyó un impedimento para el libre ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público”, afirmó la Corte, al desestimar un recurso de prescripción presentado por los dos militares condenados por el crimen de Ubagesner Chaves Sosa.
“Es relevante en cuanto hay un cambio de posición de la SCJ”, porque “si bien no adopta íntegramente la tesis de la imprescriptibilidad”, promueve una tesis que se extendía en el Poder Judicial en cuanto a que “al justamente impedido no le corre término”, ya que “desde que está vigente la Ley de Caducidad impidió la investigación, impidiéndole al fiscal que ejerciera la pretensión punitiva del Estado”.
En este sentido, el abogado valoró que con esta tesis la prescripción se deberá dilucidar “caso a caso”. De esta forma existen tres posibilidades: las causas judiciales que el Poder Ejecutivo excluyó de la Ley de Caducidad, las causas judiciales que fueron reabiertas por el decreto del gobierno de Jośe Mujica y las causas en las cuales la Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional.
En el primer escenario, el plazo de interrupción sería desde el plazo de vigencia de la Ley de Caducidad hasta la fecha en que se excluyó; en el segundo escenario, no se computaría el plazo desde que se aprobó la norma hasta la fecha de dictado del decreto que excluyó todos los casos de esa norma; y en el tercer escenario desde el día en que entró en vigencia hasta la fecha de la sentencia de inconstitucionalidad.
“Habría que ver para cada caso cual es el plazo en que la Ley de Caducidad impidió juzgar”, ya que “la prescripción se alarga por un equivalente”, explicó López Goldaracena, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
Sin embargo, el abogado afirmó que, en una valoración amplia de los hechos, se podría llegar a decir que la prescripción tampoco debería contabilizarse entre el 1º de marzo de 1985 y el día en que se aprobó la Ley de Caducidad. “Esto porque en los hechos, existió un impedimento fáctico para investigar, porque como se recordará la Ley de Caducidad se aprobó porque el Ministerio de Defensa Nacional no entrega citaciones”, por lo que “es de sentido común que ese plazo no debería computarse”.
En este sentido, el abogado dijo que el razonamiento adoptado por la Corte “es un avance en cuanto a las posturas que estaba propugnando, pero sigue estando rengo en relación con lo que mandata el derecho para dilucidar estas cuestiones”. “La obligación del Estado de juzgar e investigar estos crímenes con carácter de imprescriptible ya estaba vigente en la época, y no se trasgrede ningún principio de legalidad porque el derecho ordenaba juzgar”, lo que está amparado en la propia Constitución de la República, dijo.
Asimismo, el abogado afirmó que, en la misma línea que se resolvió el caso de Ubagesner Chaves Sosa se debería dilucidar el expediente donde se investiga la muerte de Aldo Perrini, donde se pidió el procesamiento del general (r) Pedro Barneix, por más que recordó que “las resoluciones de la Corte no generan precedentes”
Más allá de eso, “es indudable que este cambio de postura de la Corte hace presumir que el caso Perrini se resolverá de igual forma, que por más que no nos satisface íntegramente, de todas formas permitiría avanzar en el juzgamiento”. “Si existiera ahora otra vuelta atrás de la Corte, para no permitir juzgar el caso Perrini, llamaría muchísimo la atención”, valoró.

Delitos de la dictadura no prescribieron

FUENTES   CARAS  Y   CARETAS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

Viana: El TISA es antidemocrático

ADHESIÓN DE URUGUAY AL TISA

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución en la cual explica que no brindará la información solicitada por la Justicia respecto a las negociaciones referentes al TISA. El fiscal Enrique Viana, quien realizó la intimación, dijo que ese tipo de acuerdos hacen “desaparecer al Estado – nación” y son antidemocráticos.
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La cancillería negó el pedido de la jueza Mónica Bessio de brindar información respecto al acuerdo de servicios (TISA) que se encuentra en etapa de negociación. La justificación dada por el ente fue que se trata de una negociación internacional, por lo que la divulgación de información podría afectar los intereses de otros estados, según informó Montevideo Portal.
La intimación fue realizada a pedido del fiscal Enrique Viana el pasado 4 de mayo. En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal dijo que lo que más le llama la atención no es la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una carta que fue publicada hoy en el semanario Brecha en la cual diversas personalidad uruguayas expresaron que la adhesión de nuestro país al TISA “afecta su desarrollo a futuro”.
Entre los firmantes se encuentran los ex ministros Roberto Kreimerman y Daniel Olesker, acompañados también de Alejandro Sánchez, Marcelo Abdala, Enrique Rubio, Macarena Gelman, Alberto Couriel y Constanza Moreira, entre otros. En el texto, expresaron su “preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones” del TISA.
El fiscal dijo que le llama la atención porque ya ha realizado denuncias respecto a este tupo de acuerdos, “no sólo por su confidencialidad, sino porque este tipo de acuerdos implican el sometimiento del estado a la voluntad de empresas privadas”.
“Yo lo vengo sosteniendo respecto al tratado de inversiones con Finlandia, lo sostuve en su momento en el contrato de inversión con Montes del Plata, lo sostuve con el tema de Phillip Morris, también respecto a la negociación del contrato con Aratirí y tengo planteado una inconstitucionalidad que está hoy a consideración de la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
Viana dijo que no vio “ningún tipo de reacción” cuando inició dichos accionamientos, “entonces me llama la atención que hoy sí exista con respecto a lo del TISA porque yo leía que algunos acuerdos anteriores son mucho más graves que el TISA o tienen la misma entidad y tienen la misma naturaleza. Acá lo que se busca es que grandes corporaciones tengan poder sobre los estados para manipular la voluntad a favor de sus intereses”.
Para el fiscal, acuerdos como el TISA, “hacen desaparecer el Estado-nación”.
“En éste último caso no solo son antidemocráticos porque son secretos sino por algo más profundo ya que este tipo de acuerdo lo que generan es una fuente de derecho ajena a la soberanía legislativa de los estados y hoy nosotros depositamos en nuestros representantes cada vez que vamos a un acto eleccionario la voluntad de legislar y ya eso no va a tener sentido en la medida que la voluntad de legislar ya no va a estar en manos del estado uruguayo ni del poder legislativo sino que va a estar en manos de estos mecanismos que van a crear derecho a su antojo”, sentenció el fiscal.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN URUGUAY Y EL MUNDO?

CIDH reclama mayor pluralidad en la TV

Un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que depende de la CIDH, sobre la televisión digital hace hincapié en la democratización de los medios mediante la diversidad.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presentó en Washington el informe temático sobre “Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital diversa, plural e inclusiva”, que fue aprobado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH se expidió al respecto señalando que se trata de un tema actual en la región, dado que varios países se encuentran en plena transición de la televisión analógica a la televisión digital abierta y otros ni siquiera han dado inicio a este proceso que según el organismo internacional “encierra un profundo cambio tecnológico y la adopción de decisiones que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión”.
El informe sostiene que la digitalización permite la convergencia de contenidos y plataformas a través de múltiples tipos de redes, sean el espectro radioeléctrico, cables ópticos o emisiones satelitales. Y señala que con la digitalización los medios audiovisuales pueden mejorar su calidad de transmisión, al tiempo que se produce un ahorro en el uso de las frecuencias radioeléctricas que permitirían la existencia de más señales de televisión.
Por la función que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática, el informe enfatiza que cualquier decisión sobre la transición hacia la televisión digital debe observar principios relacionados con las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la promoción de la diversidad y el pluralismo en todas las plataformas.
En este sentido sostiene que “es necesario establecer principios que orienten la expedición e implementación de leyes para regular los aspectos técnicos de este proceso, pero también con el fin de promover el pluralismo y remover barreras culturales o lingüísticas para el acceso a diversas fuentes de información y aprovechar esta oportunidad única para evitar o reducir la concentración de medios en pocos operadores”.
Justo cuando Uruguay está en un proceso de instalación de la TV digital que ha sido largo y con algunas idas y venidas. El trabajo resalta como uno de los objetivos del proceso de implementación de la televisión digital en la región debería ser la búsqueda de sistemas de medios televisivos más diversos y plurales que los existentes a la fecha con las tecnologías analógicas. Para ello, reclama a los Estados una evaluación de las posibilidades derivadas del ahorro de espectro que permite la digitalización de las emisiones, y definir el uso de los diversos dividendos digitales que se liberan al finalizar la transición.
En el documento, la Relatoría Especial hace un repaso de las buenas prácticas legales y regulatorias que se están llevando a cabo en el hemisferio, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación.
La Relatoría Especial también pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil de la región, principios generales de protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el marco del proceso de la transición hacia la radiodifusión digital. Estos principios buscan servir de guía a gobiernos, órganos legislativos y administrativos, tribunales y sociedad civil, para allanar el camino en este escenario conceptual y técnicamente novedoso y promover la revisión y adopción de legislación y prácticas, en aras de lograr el pleno respeto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de actores en este proceso.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
FUENTES   CARAS  Y   CARETAS

Latinoamérica:  LOS  MEDIOS  DESCONTROLADOS

Mexico, Uruguay y Ecuador avanzan hacia la implementación de una ley de comunicaciones. Brasil aún no pudo lograrlo. Argentina como referencia.
Latinoamérica: los medios descontrolados
En la madrugada del 10 de octubre de 2009, el Senado argentino aprobó una Ley de Medios que echó por tierra la vieja Ley de Radiodifusión de los años de la dictadura. La nueva normativa sufrió constantes embates por parte de la prensa hegemónica, en particular del Grupo Clarín, pero tras años de lucha logró convertirse en una referencia para todos los países de la región.
Así lo sostuvo el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien consideró que la ley argentina "sentó las bases para un movimiento" en toda Latinoamérica. Sin embargo, los avances a nivel regional son mucho más escuetos que lo esperado. Sin ir más lejos, el relator especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, Edison Lanza, aseguró que el continente tiene "un rezago en materia de legislación sobre medios", por lo que es "saludable que los países empiecen a discutir estos temas".
Y la discusión empezó: casi todos los gobiernos de la región pusieron sobre la mesa la necesidad de hablar sobre el papel del periodismo y el rol de los medios dentro de la sociedad. Casi todos incorporaron a la vida cotidiana el término “corporaciones" e impulsaron un debate abierto sobre lo que significa la libertad de expresión, la objetividad y la proclamada independencia de la prensa. Casi siempre encontraron como respuesta una virulenta agresión mediática.
En esa larga marcha, algunos gobiernos se lanzaron directamente a la tarea de democratizar el mapa mediático, con mayor o menor vehemencia. En ciertos casos, fue una oportunidad única para combatir a los oligopolios y abrir el juego a otros sectores de la población menos tradicionales dentro del mundo informativo. En otros, un buen argumento para la conformación de un conglomerado de medios "amigos", pero con diversos resultados.
El 10 de junio de 2013, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó una reforma de telecomunicaciones para actualizar el marco regulatorio de radio y televisión, estancado desde 1960. La nueva ley impone sanciones a las empresas que controlan más del 50% del mercado, algo que allí ocurre con las compañías de TV abierta, cable, telefonía móvil y fija, y el servicio de Internet.
Existen dos grupos empresariales que acaparan gran parte del negocio: América Movil, del magnate Carlos Slim, que concentra el 61,5% del rubro telecomunicaciones; y Televisa, de Emilio Azcárraga, que posee el 67% de los televidentes.
La discusión en México se da entre quienes creen que la ley es un freno al poder de los pulpos mediáticos y quienes opinan que, en realidad, se trata de un intercambio de favores. Así lo sostiene Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, quien declaró que con la normativa "Televisa recibe su acceso a la telefonía y Carlos Slim recibe su canal televisivo. No estamos de acuerdo eporque lo único que hacen es diversificar los oligopolios". Es conocido el apoyo que Televisa dio a Peña Nieto en su carrera hacia la presidencia, allá por el año 2011, publicó Tiempo Argentino.
Voces críticas también consideran que la ley se recuesta en la regulación de un servicio público mercantilizado, sin comprender que la comunicación es un derecho humano básico e inalienable. Desde el diario La Jornada aseguraron que "tal vez la carencia más grave de la iniciativa se refiera al silencio que guarda sobre los medios comunitarios y sociales a través de concesiones de uso social sin fines de lucro y a que se reserve, cuando menos, el 3% del espectro para ello".
Uruguay también tiene su ley de medios cuando el pasado 29 de diciembre fue promulgada por el ex presidente José Mujica. Estipula que ninguna persona física o jurídica podrá tener más de seis licencias de TV en todo el país, ni más de tres si una de ellas está en la ciudad de Montevideo. Además, ningún proveedor de servicio de TV podrá tener más del 25% del total de hogares abonados al cable en el país.
La intención es ampliar el reparto de la torta mediática, actualmente concentrada en un oligopolio de tres empresas nacionales que dominan la televisión abierta: grupos Romay (Canal 4), De Feo-Fontaina (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12). Desde hace algunos años, además, existen nuevos actores de la comunicación que empezaron a ejercer competencia, sobre todo en el mercado de la televisión por cable. El Grupo Clarín, por ejemplo, ofrece ese servicio para más de 100 mil abonados a través de Cablevisión. Mediante esa red, el grupo argentino se constituyó como un actor importante dentro del mercado uruguayo. El propio Mujica había hablado sobre el tema el año pasado: "La peor amenaza –dijo– es que todavía venga alguno desde afuera y se termine apropiando de estos medios. Más clarito: yo no quiero que Clarín, O Globo o (Carlos) Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay."
Pese a su corta vida, la ley uruguaya ya fue impugnada por una decena empresas, entre ellas DirecTV. Los operadores alegaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que la nueva regulación contradice diversos artículos de la Constitución y sostienen, como en otros países de la región, que afecta la libertad de expresión. El presidente Tabaré Vázquez decidió frenar su reglamentación hasta que la SCJ se pronuncie.
La situación es aún más compleja en Ecuador. La nueva Ley de Comunicación comenzó a regir el 14 de junio de 2013 y por estos días iniciará uno de sus procesos clave: realizará el primer concurso para comenzar a distribuir frecuencias de radio y televisión. Se trata delprimer reparto establecido en la ley, que además regula el ámbito de la prensa escrita, y tiene entre sus pilares la conformación de un mapa comunicacional equitativo entre medios públicos, privados y comunitarios. Al igual que en la ley argentina, cada sector deberá tener en el futuro un tercio del espacio radioeléctrico.
Sin embargo, a casi dos años de su sanción, los especialistas consultados coincidieron en que su grado de aplicación y la proliferación de grupos cuyo único fin es apoyar al gobierno de Rafael Correa. Además, el sector privado todavía mantiene el poder de fuego con el que contaba en 2010, cuando apoyó el golpe de estado contra el presidente. También hubo fuertes cuestionamientos por la inclusión de la figura del "linchamiento mediático", que permite sancionar a periodistas ante la reiteración de informaciones difundidas "con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de cualquier persona". Frank La Rue, muy elogioso de la ley argentina, advirtió que la normativa ecuatoriana "tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa".
Entre los países que más reclaman una nueva ley de medios pero que menos hacen en ese sentido aparece Brasil. Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff insistió en la "regulación" económica de los medios porque "en cualquier sector en que hay una concentración de la propiedad cabe una regulación sobre la base económica". Su ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini, volvió a anunciar que el gobierno va a promover una ley para desconcentrar el mapa mediático y actualizar la normativa que rige desde 1962, pergeñada por la dictadura militar. Pero, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas.
Cada vez son más los países que coinciden en la necesidad de dar una discusión sobre su estructura de medios. Una batalla que, en algunos rincones, recién empieza. 
FUENTES   DE  INFO  NEWS
Latinoamérica: los medios descontrolados
  


Quejas al control oficial de TV masivas por “cosificar” mujeres, en 
programas que se ven en Uruguay - Noticias Uruguay LARED21



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