El pasado martes 19 el presidente de la República emitió una resolución por la que se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. En el grupo, honorario, integrado por siete personas designadas por el propio Tabaré, hay representantes de las distintas confesiones mayoritarias, de organizaciones de derechos humanos y también legisladores notoriamente vinculados a las víctimas del terrorismo de Estado, como Macarena Gelman y Felipe Michelini. El grupo tendrá el amplio cometido de buscar información, recabar testimonios, hacer el seguimiento de las causas e investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, tanto sea por agentes estatales como por personeros, en territorio uruguayo o en el exterior, y durante un lapso que no se limita al período formal de la dictadura sino que llega hasta junio de 1968, cuando el entonces presidente Pacheco Areco comenzó a gobernar con medidas prontas de seguridad y a reprimir y matar gente. Este grupo de trabajo no se va a abocar exclusivamente a conciliar versiones para aproximarse a la verdad; es diferente a la comisión para la paz, entre otras cosas porque desde el vamos persigue la justicia y el enjuiciamiento de los responsables. Algo que hoy parece muy difícil, dado el tiempo transcurrido desde que estuvo en vigencia la ley de impunidad y, sobre todo, que la actual integración de la Suprema Corte tiene la voluntad de dejar cerrado para siempre el tema, aunque acepte que son incomputables los años de caducidad a los efectos de establecer la prescripción. El decreto de creación del grupo de trabajo lleva la firma de todo el gabinete, incluyendo la del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre quien han recaído nuevamente críticas y acusaciones de no cooperar, e incluso de obstaculizar la lucha de los familiares por saber la verdad y terminar con la impunidad.
El ministro Fernández Huidobro aparentemente provocó una nueva andanada de reproches al sostener que también en el Frente Amplio se promovía la estigmatización de los militares. Las respuestas no se hicieron esperar, tanto desde familiares como de dirigentes políticos de la izquierda que no dudaron en exigir, nuevamente, que sea desplazado, o incluso cosas peores. Desde el secretario de la Juventud Socialista hasta la senadora Constanza Moreira y muchísimas personas más, en las redes sociales o en declaraciones de prensa, le saltaron al cuello al ministro y, por cierto, al discurso del comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien en el acto del día del Ejército Nacional, el pasado lunes 18 de mayo, se quejó del trato que reciben los militares y exigió “que no se los humille y desprecie con soberbia, que no se los denueste por prejuicios del pasado”. Hasta el vicepresidente Raúl Sendic le pegó al Ñato, aunque de forma mucho más medida, al igual que el ex senador Enrique Rubio.
A las pocas horas, la vigésima Marcha del Silencio conmovió con una concurrencia que quizá haya superado el centenar de miles de personas. La herida está abierta. Cientos de miles de uruguayos, entre ellos una porción importantísima de frenteamplistas, demandan la aparición de los desaparecidos y el juicio a los culpables. El número no decrece con el tiempo, por el contrario, se multiplica entre los jóvenes: es una causa sólida, que permite una manifestación cívica sin matices. Indudable. Insoslayable.
La iniciativa de Tabaré es correcta. El decreto es claro. Va de suyo que si algún jerarca no está dispuesto a colaborar con el Grupo de Trabajo creado, abandonará su cargo. Eso incluye a cualquier miembro del gobierno (entre ellos, los ministros) y a cualquier mando militar. La obligación es para todos, y el Grupo tiene que tener todas las puertas abiertas. Pero también es claro que los testimonios que pueda recabar serán voluntarios. No hay ninguna posibilidad de romper la omertá a la fuerza. Este es el rumbo posible, y los designados, pese a la sobreabundancia religiosa, son todas personas que tienen capacidad para llevar esto adelante, además de probidad absoluta y autoridad moral. Son intachables e indiscutibles.
El decreto no ha merecido el respaldo de todo el espectro político, lo que en última instancia representaría una hipocresía. Así que eso es mejor que un consenso trucho. Algunos impresentables, como el ex presidente Jorge Batlle y otros connotados fósiles, han salido a cuestionarlo por incluir al pachecato en el período a investigar. Dicen que el gobierno de Pacheco Areco era una democracia. No pierden oportunidad de indicar que todo empezó antes, cuando comenzó a actuar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En realidad, para tipos como Batlle o Sanguinetti no hay inconveniente en pegarles a los tupamaros (son sus enemigos preferidos) ni a los militares. Aunque defienden la impunidad, la soldadesca —o, como la llama Fernández Huidobro, “los fajineros”— les importa bien poco. Pero ir más allá del 73, eso sí no lo pueden tolerar. Porque ahí era todo supuestamente democrático y civil, todo muy colorado, además. En esa supuesta democracia funcionaron los escuadrones que mataron a Ayala, a Castagnetto, a Ramos Filippini y a Íbero Gutiérrez. Y ya no por testimonios interesados, sino por los propios documentos desclasificados por Estados Unidos, tipos muy civiles como Jorge Batlle tienen que ser imputados e investigados. También Julio María Sanguinetti.
Y el puntapié inicial que da Tabaré con este decreto nos permite analizar con otro enfoque algunas de las cosas que dice el ministro Fernández Huidobro, más allá del chisporroteo de agravios que se intercambia con la gente que lo cuestiona. Acá, en Uruguay, las cosas no las hicieron los militares exclusivamente. Y es más: no las condujeron los militares. ¿Qué pasa con los civiles? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que participaron del golpe de Estado? Hemos visto hace pocos días cómo el dueño de El mercurio de Chile, Agustín Edwards, era expulsado del gremio de periodistas por su complicidad con el régimen de Pinochet y por haber recibido dinero de la CIA para sostener su campaña de desprestigio contra Allende. ¿Qué habría que hacer entonces con el diario El País, que hasta recibía notas escritas en la embajada? ¿Qué habría que hacer con todos los civiles que formaron parte de las estructuras de gobierno? ¿Qué habría que hacer con los empresarios que arroparon al régimen? ¿Cuándo serán juzgados? ¿Y por quién? ¿Quién los acusa? ¿Quién los persigue?
Este Grupo de trabajo que formó Tabaré va a tener que ir más allá de la investigación sobre la concreción material de los asesinatos, las desapariciones, las torturas y múltiples violaciones de los derechos humanos. Va a tener que ir desenredando hasta llegar a todos los responsables intelectuales. Porque acá no hubo una guerra entre dos demonios, hubo la aplicación del plan continental diseñado por el imperialismo para arrasar con todo. Al Plan Cóndor no lo inventaron un par de soldados trasnochados. Hay que perseguir a los represores, a los genocidas, y buscar la forma de enjuiciarlos, aunque la Suprema Corte de Justicia lo hará dificilísimo. Hay que buscar a nuestros desaparecidos hasta en el último rincón posible. Aunque el paso de los años y el peso del silencio hayan transformado esta búsqueda en una labor casi imposible. Pero también hay que perseguir a los banqueros, a los grandes empresarios, a los políticos, a los dueños de los medios de comunicación, a los jueces cómplices, a los interventores de la Universidad, a todos los que participaron de la nomenclatura dictatorial, todos esos civiles que, sentados detrás de sus escritorios, sin mancharse las manos de sangre ni embarrarse las botas, dieron el toque a degüello y llevan décadas haciéndose los desentendidos. Yo quiero ver sometidos a un juicio justo, como el que no tuvieron sus víctimas, no sólo a los militares y policías que traicionaron la Constitución en junio de 1973 y protagonizaron los crímenes horrendos que todavía nos lastiman, quiero ver a todos los que consintieron el autoritarismo desde junio de 1968 y a los que estuvieron detrás de lo que sucedió hasta el 1° del marzo de 1985. Aunque no sean ni hayan sido milicos o policías. Así tengan apellidos notables o sigan siendo los dueños de los medios de comunicación o tengan un poder económico descomunal. Tienen que ser juzgados e ir presos todos. A nuestra democracia le va a hacer bien que vayan presos unos cuántos civiles, por intocables que parezcan.
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FUENTES CARAS Y CARETAS Y VTV NOTICIAS
